MÉRIDA, Yuc. (apro).– Comuneros de una veintena de ejidos de la región central del estado “clausuraron” la delegación de la Procuraduría Agraria y se instalaron en plantón permanente frente a sus instalaciones para exigir la remoción de su titular, Alfredo Ramírez Gómez, al que acusan de corrupción. Los quejosos, quienes primero marcharon por las calles del barrio de San Juan, acusaron al funcionario de interferir en la autonomía de los ejidos para imponer comisarios a modo, con el fin de facilitarles el despojo de terrenos ejidales a especuladores con los que estaría coludido. Salvador Arteaga Trillo, asesor legal de los manifestantes, denunció que a Ramírez Gómez se le ha ligado también en conflictos agrarios en Oaxaca, donde despachaba anteriormente, y citó los casos específicos de los ejidos de Monte del Toro, donde el funcionario privilegió los intereses de la compañía Fortuna Silver Mines en perjuicio de los ejidatarios. Los inconformes dijeron que Ramírez Gómez despacha como delegado de la Procuraduría Agraria en Yucatán desde el 4 de diciembre de 2018 y destacaron que es protegido del procurador y subprocurador agrarios, Luis Hernández Palacios y Rafael Minor Molina, respectivamente. Añadieron que a ambos se les ha involucrado con la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en el presunto desvío de 185 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Antes de “clausurar” la delegación de la PA, en cuyo acceso colocaron una manta con la leyenda “oficina de negocios de Alfredo Ramírez Gómez y Rafael Minor”, los labriegos hicieron salir al personal y ciudadanos que se encontraban en el interior. Además, cerraron la arteria para instalar el campamento, en el que permanecerán hasta que su demanda sea atendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.