CHILPANCINGO, Gro. (apro).– Al menos cuatro personas fueron ejecutadas en la zona indígena de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), entre ellos un jefe policiaco y dos policías comunitarios de la organización armada denominada Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía de los Pueblos Fundadores (CRACPF). Reportes oficiales indican que esta mañana fueron localizados los cuerpos de David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura del crucero de la comunidad de Chautla. Las víctimas eran policías comunitarios de la CRACPF y fueron privados de su libertad por un grupo armado vinculado a la organización paramilitar Paz y Justicia, considerado como brazo armado del grupo delictivo Los Ardillos, que dirige la familia del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, según denunció el consejero comunal, Bernardino Sánchez Luna. Sánchez Luna informó que el domingo pasado, los guardias comunitarios bajaron del poblado serrano de Ayahualtempa, en Hueycantenango, a Chilapa, donde participaron en la retención de camiones y robo de fertilizante ante el retraso de la entrega del insumo que ahora dirige el gobierno federal. Cuando los campesinos regresaban a su comunidad fueron interceptados por un grupo armado a la altura del poblado de El Jagüey, pero sólo fueron retenidos los guardias comunitarios que dos días después aparecieron ejecutados en un poblado de Chilapa, denunció el miembro de la CRACPF. De manera paralela, el director de Seguridad Pública de Hueycantenango, Miguel Ángel Morales Meneses, fue ejecutado a balazos y su cuerpo encontrado sobre la carretera Chilapa-Hueycantenango, cerca de la comunidad El Caracol, muy cerca de donde previamente fueron localizados los cuerpos de los dos guardias comunitarios. La semana pasada, la agencia de Proceso publicó la nota Activistas en Guerrero acusan a grupos delincuenciales de “exterminio”; señalan a gobierno de omisión, en el que se informó que miembros de organizaciones afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al Congreso Nacional Indígena (CNI) impulsan una campaña para denunciar lo que calificaron como una estrategia de exterminio contra promotores del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en la zona nahua de la Montaña de Guerrero. Lo anterior, tras una serie de ejecuciones contra dirigentes del CIPOG-EZ que tienen su origen en un enfrentamiento armado, registrado el 27 de enero en el poblado de Zoyapexco, entre miembros de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y presuntos delincuentes. La seguridad en los municipios de Chilapa y Hueycantenango fue asumida por militares adscritos a la Guardia Nacional.