OAXACA, Oax. (apro).- El Comité de Resistencia y Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo denunció que la empresa francesa Électricité de France (EDF-Energies Nouvelles) desconoció el carácter comunal de sus tierras e instaló un proyecto eólico sin realizar algún proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado. En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, el Comité precisó que EDF firmó contratos privados de arrendamiento para la instalación de dicho proyecto, además de un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para venderle la energía que genere. Sin embargo, subrayó, lo preocupante es que mientras “usted tiene el compromiso con los derechos de los pueblos originarios, no se refleje en la actitud de sus funcionarios”, como Rosa María Avilés, directora general de Impacto Social y Ocupación Superficial, de la Secretaría de Energía, y Melquisedec González Juárez, director general adjunto de Vinculación Social de la misma dependencia. Ambos funcionarios, recalcó, “han demostrado una ausencia total de voluntad política para garantizar nuestro derecho a la consulta y al consentimiento de acuerdo con los más altos estándares”. Por su lado, la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), que acompaña en sus demandas legales al Comité de Resistencia, resaltó que “en ningún momento la empresa EDF ha reconocido los derechos de la comunidad establecidos en la Ley Agraria ni en el marco normativo de derechos de los pueblos indígenas”. Hizo hincapié en que las violaciones a esos derechos se realizaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, junto con un proceso de consulta simulada para obtener el consentimiento de la comunidad en relación con el proyecto eólico, que continúa actualmente. Y explicó que el 29 de junio de 2017 la Comisión Reguladora de Energía otorgó el título de permiso E/1922/GEN/2017 a Eólica de Oaxaca para la generación de energía eléctrica, estableciendo el 1 de diciembre de 2017 como fecha de inicio de construcción, y como fecha de inicio de operaciones el 1 de junio de 2019, con una vigencia de 30 años. Tanto las evaluaciones como los contratos firmados y permisos autorizados se dieron en 2017, sin que hubiera de por medio diálogos con la comunidad ni un proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Contrario a ello, defensores comunitarios han sido objeto de vigilancia, hostigamiento, amenazas de muerte directas, agresiones e intentos de secuestro. Pese a ello, la Secretaría de Energía no ha activado mecanismos para garantizar condiciones mínimas de seguridad durante el desarrollo de la consulta. Por tal razón, y “apelando al compromiso del gobierno de López Obrador con los derechos de los pueblos originarios”, las personas afectadas solicitaron su intervención inmediata para revisar la forma en que se lleva a cabo el proceso de consulta iniciado en Unión Hidalgo, con el fin de prevenir un daño de imposible reparación. Además, demandaron la instalación de una mesa de diálogo interinstitucional, conformada por la Presidencia de la República; las secretarías de Gobernación, Energía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para identificar los impactos potenciales de los proyectos de energía eólica en Unión Hidalgo.