MÉRIDA, Yuc. (apro).- Padres de niños y adolescentes con discapacidad exigieron al gobernador Mauricio Vila Dosal renovar el convenio de financiamiento con la Fundación Teletón para que el CRIT pueda seguir operando en Yucatán pues, a raíz de que se le recortó el apoyo estatal, “el único servicio de rehabilitación integral de calidad” en la entidad está a punto de desaparecer. En conferencia de prensa, expusieron que hasta el pasado 12 de julio eran 910 los usuarios con padecimientos tales como parálisis cerebral, distrofia muscular de Duchenne, Mielomeningocele, Síndrome de West, Síndrome de Down, entre otros, que asistían al CRIT Yucatán para recibir la atención integral que requieren de acuerdo a su condición de discapacidad. Recordaron que dichos servicios se ofrecían gracias al donativo de 44 millones de pesos anuales que daba el gobierno estatal al CRIT, “entendiendo así que cumplía con su obligación de garantizar el derecho a la habilitación y rehabilitación a través de una entidad privada”. “Pero en 2019 al no recibir dicho donativo, el CRIT ha anunciado que da por finalizado el modelo de atención integral”, reprocharon. Dijeron que ante la situación entregaron una carta al gobierno del estado, con 864 firmas de apoyo, para exigirle que cumpla “con sus obligaciones como garante de Derechos Humanos y que ofrezca una alternativa real” inmediata y “no deje en situación de abandono” a los niños y adolescentes con discapacidad. El Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) opera en Mérida desde 2008. Se construyó debido a un convenio que, con apenas unos meses en el cargo y en la opacidad, pactó en 2007 la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco con esa fundación de Televisa. Ese mismo año, la exmandataria, y ahora también expriista, dio a la Fundación Teletón 95 millones de pesos del erario para la construcción del CRIT, y pese a los cuestionamientos que le lanzaron los entonces diputados panistas al enterarse, su gobierno nunca aclaró de qué partida los tomó. Además, comprometió las finanzas estatales para financiar durante una década, a razón de ocho millones de Unidades de Inversión (UDIS), las operaciones del centro. Es así que el CRIT comenzó recibiendo aproximadamente 32 millones de pesos anuales del erario yucateco pero, conforme subía el valor de las UDIS, el apoyo se elevó hasta 44 millones de pesos. Su sucesor, Rolando Zapata Bello, respetó el convenio, aunque en sus últimos meses la Fundación Teletón le reprochó el retraso en el pago de 40 millones de pesos. El actual gobernador, Vila Dosal, quien desde el inicio de su gestión anunció su política de austeridad, no renovó el convenio y aunque no retiró del todo el apoyo al CRIT redujo el monto del donativo a 10 millones de pesos. En su conferencia de prensa, y en un comunicado que emitieron, los padres de los usuarios afectados dijeron que “el gobierno no puede retirar un Derecho Humano que ya se había conquistado, como es el de la habilitación y rehabilitación integral, por el principio de progresividad y no regresividad”. Por ello, exigieron “una alternativa de las mismas características y calidad de manera inmediata”. También que se incluya en el Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2020 una partida suficiente que les garantice el derecho que reclaman “a través de un servicio de atención integral público de calidad gratuito o a precios accesibles”. Expusieron que para un menor con discapacidad o diversidad funcional, “recibir terapias y una atención integral de calidad es crucial para determinar su grado de desarrollo como ser humano, por lo que reducir la calidad de la atención, la temporalidad o perder la integralidad significa una condena a una vida más dependiente, menos digna y plena”. “En definitiva causa un daño irreparable”, advirtieron, y reiteraron que sus hijos necesitan “atención y seguimiento constante y diario”. Explicaron que en un mes pueden llegar a recibir entre 20 y 40 sesiones de terapias. “El precio de mercado de una sesión promedio de rehabilitación es de 400 pesos, por lo que el gasto mensual oscila entre los 8 mil y 16 mil pesos, lo cual es inasumible para casi todas las familias. Si a eso se le añade la atención médica, pruebas diagnósticas, intervenciones y aparatos ortopédicos, el costo se dispara mucho más”, destacaron. Dijeron que, en cambio, un servicio de rehabilitación integral, “como el que había en el CRIT, incluye un equipo médico coordinado, con especialistas médicos como neurología, pediatría, oftalmología, nutrición, comunicación humana, urología, odontopediatría, anestesiología y genética. “Todos ellos coordinados con el equipo de terapeutas de terapia física, de lenguaje, de ocupacional, de pulmonar o de terapia hídrica. También incluye la atención de psicología, trabajo social y especialistas en talleres de habilidades educativas y de integración social”, añadieron. Comentaron que, además, la atención integral incluye pruebas diagnósticas, estudios, convenios con centros médicos diversos para la realización de pruebas diagnósticas e intervenciones y cirugías, la subvención de aparatos ortopédicos y otras medidas de asistencia social. En contraparte, señalaron que el servicio que el gobierno estatal ofrece a través de su Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) no es integral ni especializado en la población infantil. Comentaron que al CREE acuden más de seis mil personas al año para recibir todo tipo de rehabilitación y atención médica, desde un esguince, hasta rehabilitación por accidentes o atención al adulto mayor. “No hay una infraestructura adecuada, no hay personal calificado suficiente, no hay los recursos materiales y equipamiento necesario para diversas discapacidades y sobre todo no hay una especialización en la rehabilitación infantil, cuyas características requieren de una atención diferenciada”, resaltaron. Por último, señalaron que Yucatán es uno de los estados con mayor prevalencia de personas con discapacidad en México con 137 mil 94, que supone un 6.5% de la población total, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2014, y de todos ellos el 11.8% son niños y jóvenes de entre 0 y 29 años.