CELAYA, Gto., (apro).- Dos elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal fueron capturados junto a otros seis presuntos integrantes de una banda que fue señalada por la fiscalía general del estado como responsable de extorsionar a comerciantes de esta ciudad. Supuestamente, ambos elementos ya habían sido dados de baja de las corporaciones celayenses, pero esto no pudo ser confirmado porque la propia alcaldesa panista Elvira Paniagua no estaba enterada de las detenciones, ni del presunto despido de los elementos. Grupos de comerciantes habían efectuado ya diversas protestas para exigir a la alcaldesa y al gobierno del estado frenar las extorsiones a diversos giros en la ciudad. La última manifestación fue convocada por industriales de la masa y la tortilla el 5 de agosto pasado. Unas horas después de la protesta efectuada también en la Presidencia Municipal, tres empleadas de una tortillería fueron asesinadas en un ataque armado. Ese mismo día otra persona fue asesinada y uno más lesionado en el exterior de un negocio del ramo de la construcción que había sido rafagueado días atrás, y en el que se habían dejado algunos mensajes presuntamente del crimen organizado exigiendo el “derecho de piso”. En una conferencia de prensa efectuada en Celaya este lunes 16, el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala Torres y el fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre afirmaron que las denuncias ciudadanas fueron investigadas por un grupo especial que se instaló después de esos asesinatos. Se obtuvo información suficiente para efectuar un operativo el viernes 13 en un inmueble en el que se encontró a un grupo de hombres alrededor de una mesa en la que contaban billetes, aparentemente producto de las extorsiones a diversos negocios. Entre los ocho detenidos, el fiscal Zamarripa Aguirre mencionó a dos agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Celaya, uno de los cuales fue identificado por algunas de las víctimas al recoger el dinero que se les exigía. Un día antes de este operativo, el jueves 12, personal de la fiscalía general se presentó en las instalaciones de la comandancia de policía, donde realizó una inspección, con el apoyo de Fuerzas de Seguridad Pública del estado. Fueron revisados teléfonos celulares de cerca de 40 elementos de la Preventiva, se informó. “Este operativo se está llevando a cabo en todos los municipios, esta vez tocó a Celaya”, dijo al respecto el director de Policía Martín González. En la rueda de prensa del lunes, el Fiscal dijo que personal de los grupos tácticos se instaló en las zonas identificadas como los puntos donde se recogía el dinero producto de la extorsión, en puntos públicos de la ciudad. Los agentes pudieron observar varias motocicletas con sujetos armados que rondaban ciertos lugares “con el fin de hacer los cobros del dinero a sus víctimas derivado de las extorsiones, por lo que al darles seguimiento a éstos, se pudieron establecer varios domicilios, entre ellos uno en calle Porfirio Díaz en la colonia Tres Guerras, dando inicio al despliegue táctico policial”. En el sitio fueron detenidos Arnulfo “N”, Martín “N”, Arnulfo “N”, Juan “N”, Isaí “N”, Gerardo “N”, Juan “N” y Leonel “N”. “Dos de ellos eran empleados municipales de la Secretaría de Seguridad Pública de este municipio, este último reconocido como el que momentos antes había recibido el dinero de una de sus víctimas”, aseguró el fiscal. Dijo que en ese sitio se encontraron cinco armas cortas y un rifle, chalecos balísticos, varios automóviles de diversos tipos y modelos, así como motocicletas con reportes de robo; placas de circulación, radios de comunicación, cámaras y computadoras. Unos 800 mil pesos en efectivo fueron asegurados en el sitio, “siendo fajos de billetes de diferentes denominaciones y cantidades, algunos en sobres con domicilios de los negocios extorsionados, además de varios documentos y hojas con listas de víctimas y locales comerciales, que ahora mismo procesan los Analistas de esta Fiscalía”. Los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El fiscal aclaró que aún se investigan otros datos obtenidos mediante denuncias anónimas, que involucran a los detenidos con otros delitos.