CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Familiares del empresario Juan José Hernández Vázquez, asesinado ayer en esta capital, acusaron del crimen a policías estatales, y exigieron justicia y castigo para los responsables. Esta mañana, cuando el cortejo fúnebre hizo una parada para realizar un mitin, los dolientes apedrearon tres patrullas que circulaban por la zona del mercado. Los familiares de Hernández Vázquez calificaron como “una provocación” el hecho de que los agentes se apostaran frente a ellos para tomar fotos de la protesta. La tarde de ayer, una treintena de policías estatales irrumpieron en un domicilio ubicado en la colonia El Encanto, al oriente de la ciudad, y torturaron hasta la muerte a Juan José Hernández, de 37 años. Ante autoridades ministeriales, parientes de la víctima acusaron del homicidio a los uniformados, quienes –subrayaron-- robaron un auto, pertenencias y el equipo de videocámaras instalado en un restaurante propiedad de la familia Hernández. En respuesta, el gobierno estatal emitió un comunicado y criminalizó a la víctima. Afirmó que el empresario presuntamente amenazó con un arma a un grupo de personas, motivo por el cual los policías catearon su domicilio, y Juan José –apuntó-- decidió suicidarse arrojándose de una altura de siete metros. Ante tales señalamientos y sin el ofrecimiento de pruebas, los familiares de la víctima caminaron esta mañana por las principales calles de Chilpancingo, junto al féretro de Juan José, para protestar y exigir justicia A la altura del mercado central bloquearon un carril de la calle Insurgentes, donde realizaron un mitin. Minutos después se registró el altercado con los agentes estatales y municipales. Los manifestantes fueron embestidos por una patrulla, con saldo de dos lesionados. Tras el choque, el cortejo fúnebre se trasladó al panteón de la zona norte, donde el empresario fue sepultado en medio de la indignación social. Efrén Hernández, hermano de Juan José, exigió una disculpa pública al gobernador Héctor Astudillo y castigo a los policías que presuntamente participaron en el crimen. Afirmó que el secretario de Seguridad Pública estatal (SSP), David Portillo Menchaca, se encargó de manipular los dictámenes médicos y forenses para deslindar a sus elementos y criminalizar al empresario. Por ello, demandó al gobierno asumir su responsabilidad en el homicidio, al que calificó como crimen de Estado.