SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- Magistrados y jueces del Supremo Tribunal de Justicia del estado promovieron ante el Congreso una solicitud de juicio político en contra del magistrado Juan Paulo Almazán Cué, presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. Almazán Cué es acusado de incurrir en ejercicio indebido de sus funciones, abuso de poder y violaciones sistemáticas de derechos humanos de personal de esta instancia, al instrumentar una persecución y terrorismo laboral entre quienes no se ajustan a su voluntad, según acusaron. La solicitud de juicio fue ingresada este miércoles al Congreso del estado, y es respaldada por la magistrada Adriana Monter Guerrero, así como los jueces Emilio Agustín Ortiz Monroy, Julián Ruiz Contreras, Juan Fernando Salazar Hernández y Javier Pérez Contreras. Los solicitantes son apoyados por el abogado Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de abogados y postulantes especialistas en oralidad. La petición entregada al Congreso incluye 144 hojas con el desglose de las causas por las que ameritaría el juicio político y un anexo de pruebas. En entrevista vía telefónica, la magistrada Adriana Monter –quien mantiene un litigio por su reinstalación luego de que denunció una maniobra del presidente del Supremo Tribunal para removerla de la magistratura y colocar a un allegado- hizo un llamado a las y los diputados locales a que consideren todas las pruebas entregadas y admitan la procedencia del juicio político. Además de las presuntas faltas que se mencionaron, se señala una merma en el presupuesto o daño al presupuesto del Poder Judicial del estado por un procedimiento sancionatorio contra un funcionario que se aplicó con una ley que ya había sido abrogada, lo que ocasionó que en el amparo del funcionario, la Justicia federal ordenara al Consejo de la Judicatura del estado pagar 800 mil pesos por esta irregularidad. “También hubo unas fianzas que se extraviaron de un juzgado penal, lo que está incluido en la lista de irregularidades al solicitar el juicio político”, dijo Monter Guerrero. El abogado Efraín Torres Salazar señaló que se trata de una petición inédita, pues es el primer juicio político interpuesto por parte de personal del propio Poder Judicial en contra de su presidente. Adriana Monter afirmó que Juan Paulo Almazán ha violado la independencia y autonomía del Poder Judicial al dar línea a jueces para que dicten sentencias que convienen a sus intereses o a sus relaciones políticas, “y aquellos jueces que no nos alineamos a sus determinaciones, somos objeto de una persecución brutal como ocurrió conmigo; acoso, hostigamiento laboral, vejaciones, cambios injustificados de adscripciones…”. Hay jueces a los que ha cambiado hasta cinco veces de adscripción a distintas regiones del estado, en menos de un año, mencionó. Como ejemplo reciente, citó el caso del juez Emilio Ortiz Monroy, quien fue removido como juez de primera instancia porque se negó a seguir la indicación del presidente de votar por una persona en específico para encabezar la Asociación de  jueces. Ortiz Monroy fue notificado el martes –un día antes de la presentación de la solicitud de juicio político- de la apertura de un juicio de responsabilidad con una suspensión de 30 días. Pero en el documento se hizo referencia a una sentencia del Consejo de la judicatura en sesión celebrada el 22 de agosto, “cuando revisamos a través de transparencia y resulta que ni siquiera sesionaron ese día; hay una grave simulación de actos y alteración de documentos oficiales”, dijo Adriana Monter. La magistrada –que fue bajada de nivel por Almazán Cué- recordó que en su caso, se alteraron documentos y se cambiaron fechas para impedirle asumir su cargo como magistrada y en su lugar, se designó “a un allegado político al que el presidente quiso beneficiar con el cargo. La actuación del presidente ya es insostenible, está totalmente desfasado”. En el documento entregado al Congreso, se plantea también la solicitud para que se pida un informe pormenorizado al Consejo de la Judicatura sobre todos los nombramientos que el presidente ha dado, “para que se vea que no son más que producto del pago de favores y del nepotismo absoluto”. La petición para el juicio fue notificada también al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y al Senado de la República. Almazán concluirá su periodo como presidente del Supremo Tribunal dentro de tres meses.