PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa reveló que del millonario seguro contra desastres naturales que contrataron los gobiernos panistas que lo antecedieron, únicamente se obtuvieron 200 millones de pesos, pero nada de ese dinero se usó para reparar los daños que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017. Al cumplirse dos años del siniestro, el mandatario morenista aseguró que todas las corruptelas que se cometieron serán investigadas y se fincarán responsabilidades a los exfuncionarios involucrados en el desvío. En su último informe de gobierno, el fallecido Rafael Moreno Valle reportó que en 2015 se pagaron 18 millones 320 mil dólares para el pago de la póliza de un seguro contra desastres naturales. Luego, tras el sismo de 2017, el entonces gobernador Antonio Gali Fayad dijo que ese seguro contratado con Banorte tenía una cobertura de 30 millones de dólares. En rueda de prensa, este jueves, Barbosa sostuvo que la información con la que cuentan es que, tras el pago del deducible para hacer válido el seguro, en el gobierno de Gali Fayad, sólo quedaron poco más de 200 millones de pesos. Y dijo que más adelante revelaría en qué se gastó esa cantidad de dinero, pero de antemano señaló que no se utilizó para nada relacionado con la reconstrucción de los daños causados por el sismo, pese a que Puebla fue una de las entidades más afectadas a nivel nacional. De igual manera, mencionó que se investigan desvíos de recursos en los que incurrieron funcionarios de la pasada administración, como es el caso del actual diputado local Gerardo Islas Maldonado, quien en ese entonces fungía secretario de Desarrollo Social e impulsó el programa “Hagamos Hogar”. Ayer, el gobernador dijo que tenía confirmado que 100 millones de pesos correspondientes al programa de apoyos para damnificados fueron desviados y malversados, por lo que ya está en marcha una investigación para levantar cargos a los responsables. En Puebla, abundó, el avance general de reconstrucción de los daños causados por el temblor de hace dos años, apenas alcanza un 20%, debido a los desvíos y corruptelas que se cometieron. En un acto realizado en Atlixco, Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que la Secretaría de la Función Pública realiza tres auditorías a los programas de reconstrucción de viviendas, entrega de tarjetas Fonden y la gestión de los recursos para damnificados por el sismo en Puebla. El funcionario federal dijo que se trabaja para recuperar el tiempo perdido en los gobiernos pasados, donde los recursos no llegaron a los verdaderos afectados por el siniestro que afectó casi a 30 mil viviendas, más de 2 mil escuelas y casi 700 edificios históricos en Puebla. Indicó que, en una evaluación realizada a través de encuestas, encontraron que casi 40% de las familias recibieron el apoyo del gobierno, pero de forma incompleta, además de que una de cada 10 familias damnificadas, pese a haber sido censadas, nunca recibió el apoyo. Además, agregó, la asistencia técnica a los afectados fue escasa y tardía. Meyer Falcón explicó que las irregularidades en los reportes obligaron al gobierno federal a censar nuevamente a los damnificados, no sólo en Puebla, sino en todas las entidades afectadas. Este año, precisó, se llevarán a cabo 7 mil 817 acciones, que implican una inversión de más de 4 mil millones de pesos para la reconstrucción de Puebla, aunque reconoció que sólo se tiene un avance de 20% en ese programa. Sólo se han rehabilitado totalmente 400 escuelas de las 2 mil afectadas, detalló.