CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno busca un acuerdo entre los afectados por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi y los dueños de éstas pues, dijo, también hay que considerar las fuentes de empleo. “Estamos buscando un acuerdo, una conciliación […] Desde luego lo más importante es la salud de las personas, la salud de los mexicanos, nada de contaminación que afecte la salud; pero también tenemos que cuidar las fuentes de trabajo, porque podría cancelarse una mina, clausurarse una mina, pero tenemos que ver el efecto porque significa trabajo para obreros y significa también derrama económica para los pueblos”, señaló el mandatario. Para ello, el tabasqueño instruyó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, a reunirse esta misma semana con las personas afectadas para hacer una revisión. Lo anterior fue la respuesta que el jefe del Ejecutivo federal dio ante el cuestionamiento sobre el avance en las posibles sanciones a Grupo México, luego de que el pasado 4 de julio prometiera que Toledo se reuniría con los afectados del derrame de más de 40 millones de tóxicos sobre los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014. De esa promesa devino una reunión del funcionario encargado del medio ambiente a más de 600 kilómetros de dónde se originó el derrame. López Obrador aprovechó para presumir que, según él mismo, su gobierno actúa con absoluta libertad, pues no está al servicio de ningún grupo de interés creado, y que eso es lo que lo diferencia de sus antecesores. Por lo anterior, el presidente dijo que deben actuar como verdaderos jueces y tomar en cuenta a todos para no afectar a nadie. “[…] la mejor vía es el diálogo y el acuerdo, ya cuando se agota el diálogo y el acuerdo, entonces, vamos a ejercer la autoridad. Pero eso es lo que estamos procurando, porque encontramos conflictos en donde hay mucho encono”, mencionó. "Vamos a actuar, la justicia tarda, pero llega", prometió el presidente a los ribereños afectados que han experimentado cinco años de indiferencia gubernamental.