GUADALAJARA, Jal. (apro).- Cinco organizaciones civiles anunciaron que impugnarán el decreto publicado ayer por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, mediante el cual se declara Zona de Recuperación Ambiental a la zona de El Bajío, porque lo único que se busca con esa medida, subrayaron, “es que actos de corrupción cometidos por anteriores administraciones queden impunes y no proteger al bosque de la Primavera”. Alfaro Ramírez también dio su aval a la venta de la Villa Panamericana, en virtud de que, dijo, se trata de un edificio que ya estaba construido.

“El día de hoy, después de siete meses de una profunda y compleja revisión técnica y jurídica para encontrar la mejor figura de protección para la zona de El Bajío, me da mucho gusto anunciar que acabo de firmar el decreto que protege a El Bajío como zona de recuperación ambiental”, dijo en un video difundido anoche.

“El Bajío se va a conservar como lo que es: una zona estratégica en materia medio ambiental. Nunca más podemos permitir que ningún gobernante irresponsable o corrupto permita que los intereses privados sometan y lastimen al capital ambiental de Guadalajara”, destacó. El presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, calificó la medida como un "decreto de impunidad", puesto que el mandatario estatal "reconoce que hubo corrupción en el otorgamiento de las licencias, él lo reconoce, dice que él no las dio, pero sí está dando el permiso para que las habiten (las viviendas de Villa Panamericana), sí está generando un acto de impunidad, de corrupción, al no continuar y no exigir el cumplimiento de la ley y la norma, y un acto de premiar a los constructores”. Detalló que la Villa Panamericana se adjudicará a Green Life Capital por mil 500 millones de pesos, mientras que la empresa venderá a 41 mil pesos el metro cuadrado, con lo que obtendrá una ganancia de más de 5 mil 100 millones de pesos. "La intención (del decreto) es proteger este gran negocio de los constructores", insistió Alejandro Cárdenas. Añadió: “El decreto carece de validez porque no se hizo una consulta ciudadana. No tiene sustento jurídico, es un decreto que está dolido, está fallo en la parte técnica, jurídica y social". Cuando se efectuaron los Juegos Panamericanos, en los periodos del gobernador Emilio González Márquez y el alcalde de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, ambos panistas, se emitieron licencias de edificación, dictámenes de trazo, usos y destinos, y una licencia de habitabilidad de carácter temporal. Los nueve actos administrativos emitidos por las autoridades fueron impugnados en los juicios 67/2011 y 82/2011, y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) emitió medidas cautelares que aún continúan vigentes, no han caducado, sostuvo Alejandro Cárdenas, quien también recalcó que de las 16 hectáreas que ocupa la Villa Panamericana, tres de ellas están dentro del Bosque de La Primavera. Por su parte, Jorge Fernández Acosta, del Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Jalisco, mencionó que Enrique Alfaro reconoce en su video "que se cometió un crimen urbanístico", pero ahora busca solaparlo. Pide que se aplique la ley contra los "irresponsables que autorizaron ese fallido proyecto" y que se demuela o desmantele la Villa Panamericana. Estimó que los mil 500 millones de pesos que pagará el constructor en abonos es una "cantidad de risa" y "de burla para la sociedad y el ambiente", cuando lo único que se debe hacer es "garantizar la sustentabilidad de las generaciones actuales y futuras". Por su parte, Arturo Gleason, del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, advirtió que al permitir la urbanización de El Bajío se pone en riesgo la disponibilidad de agua y se provocarían inundaciones en la ciudad.

"El decreto es una carta de buenas intenciones, no hay fundamento técnico, es una lista de cosas que se quieren hacer, pero no hay estudios", señaló.

En tanto, el abogado Carlos Aldana desmintió al gobernador, quien dijo que caducó el juicio 67/2011 y su acumulado 82/2011. El litigante precisó que el mandatario omitió decir que el juicio se acumuló al de la V Sala del TJA. Recordó que cuando se enteraron de la venta de la Villa Panamericana se presentó un incidente de desacato y la Sexta Sala del TJA lo admitió. "Si fueran juicios concluidos, como fue anunciado en el video, evidentemente ni nos admitirían", mencionó el abogado. Salvador Cosío, de Conciencia Cívica, reiteró que los juicios que impiden la venta del complejo habitacional siguen vigentes, por lo que el contrato de compra-venta firmado carece de validez. Las organizaciones informaron que impugnarán el decreto en un plazo no mayor de 30 días.