MEXICALI, B.C. (apro).- Ante un déficit de 2 mil millones de pesos en las finanzas públicas del estado, el congreso local decidió incrementar, en forma sorpresiva, sin discusión ni análisis previo, diversos impuestos en la entidad que afectarán principalmente a los empresarios, aunque  no se descarta que éstos los traduzcan en aumentos a la ciudadanía. Los nuevos impuestos son a la venta de gasolina, de gas, al servicio de hospedaje, --incluyendo los digitales como “Air b&b”, a los de motel y a las prestamistas mejor conocidas como casas de empeño. Los aumentos van del 5 al 20 por ciento. De manera ilegal y sin cuidar el procedimiento legislativo, el secretario del Gobierno, el ex priista y ex legislador federal, Amador Rodríguez Lozano, operó para el gobernador morenista, Jaime Bonilla y llamó a los diputados morenistas: Juan Manuel Molina y Montserrat Caballero para anunciarles lo que debían avalar en las siguientes horas. El encuentro donde también participó el secretario de hacienda, Adalberto González Higuera, ocurrió por la mañana, según la fotografía que el propio secretario subió a sus redes sociales. La sesión ordinaria para avalar el paquete económico terminó cerca de las 6 de la tarde y a las 9 se realizó la sesión para aumentar y crear nuevos impuestos. En el inter, el resto de los legisladores locales desconocían los nuevos gravámenes. Los aumentos se aprobaron minutos después en una reunión extraordinaria y luego de que los legisladores locales aprobaron la Ley de Ingresos para la entidad por un monto de 53 mil 928 millones 153 mil 290 pesos, así como el presupuesto de egresos 2020 por la misma cantidad. La ilegalidad consistió en que aún no se publicaba la Ley de Ingresos que contemplaba ya el aumento a otros cuatro impuestos, por lo tanto no se podía haber realizado modificación alguna. En todo caso pudieron haberse realizado modificaciones durante la discusión de la ley de ingresos, sin embargo ello no ocurrió. Fue al término de la sesión ordinaria para aprobar el paquete económico y que concluyó pasadas las 5 de la tarde, que se les pidió a los diputados mantenerse en el pleno pero ninguno de ellos sabía el motivo ni cuáles serían los puntos a tratar pues el orden del día se había cubierto en su totalidad. Morenistas, priistas, panistas y del Verde, desconocían los cambios que horas más tarde se propondrían. A las 9 de la noche arrancó la sesión extraordinaria pero sólo estuvieron presentes 14 legisladores de Morena, una del PAN y un legislador del PVEM. Fue la diputada por el PAN, Eva María Vazquez, quien reclamó la falta de análisis y la ilegalidad de los aumentos. “Se están generando impuestos y esto es ilegal e irresponsable. No hay elementos técnicos ni valoraciones de la Auditoria Superior del Estado”, reclamó desde su curul al argumentar su voto en contra. Y añadió, “la Ley de Ingresos aún no entra en vigor y ya la quieren cambiar. Este es un acuerdo de la Mesa Directiva”, insistió. Antes, al hablar en contra del impuesto a los dueños de las casas de empeño pregunto “¿cuándo fue publicada (la ley de ingresos). Es una propuesta que no fue circulada”. En defensa salió el morenista Juan Molina: “Ya es hora de que empiecen a pagar impuestos (los dueños de las casas de empeño), cuando sacan a remate las cosas empeñadas. “Y por supuesto que tiene graves consecuencia (el impuesto); estamos invadidos por casas de empeño. ¡Qué ya empiecen a aportar al erario. Es un abuso!”, sostuvo El diputado morenista acaba de concluir una reunión con el operador político del gobernador, el expriista Amador Rodríguez Lozano y con el secretario de Hacienda. Aunque el argumento fue que el estado “está invadido” por casa de empeño, nunca se explicó cuántas casas de empeño existen, a cuánto asciende el monto que se proyecta recaudar y menos aún se detalló si las proliferación de estos negocios se deban a un posible lavado de dinero, como ha señalado el GAFI de la ONU. En síntesis, los nuevos impuestos fueron presentados como simples medidas recaudatorias y no se ofreció candado alguno para evitar que los aumentos se le endosen a la ciudadanía. Los nuevos impuestos son: el cobro de un 5 % a las plataformas digitales que oferten hospedaje, como Air b&b; 5 por ciento a hoteles y 7 % a moteles. El 70% de lo recaudado irá a la promoción de la actividad turística. En el caso de los hidrocarburos, el aumento se disfrazó de “impuesto ambiental” y se trata de 5 % al gas sobre la base gravable y 2.5  % a la venta de gasolina, también sobre la base gravable. Este como en el caso anterior no determina si el empresario pudiera trasladar el aumento a la ciudadanía o si será multado en caso de prohibirse y menos aún si el dinero irá a parar a una bolsa que ataque el serio problema de contaminación que vive la entidad. El último impuesto que se aprobó, a dos horas de concluir el año, fue el cobro de un 20 % a las casas de empeño que pongan a remate la prenda que no fue recuperada por quien solicitó el préstamo. El diputado del PVEM, Fausto Gallardo reclamó que en la iniciativa, ni los propios legisladores sabe, “si ése 20% se cobrará al final del que pide el préstamo”. No obstante, terminó votando a favor. En el documento se estableció como una “solicitud de urgencia debido a la imperante necesidad de que en la administración pública estatal se generen nuevos ingresos que contribuyan al saneamiento de las finanzas públicas para el desarrollo del estado”. A la sesión extraordinaria acudieron 17 de los 27 diputados locales. Cerca de las 6 de la tarde concluyó la reunión ordinaria donde se aprobó el paquete fiscal, luego, un par de legisladores se encerró con el secretario general de gobierno y el de hacienda, mientras que al resto de los diputados se les pidió que no se fueran pues habría otra reunión. La oposición decidió irse, con excepción de la panista Eva Vázquez. En tanto, de Morena 15 votaron a favor y se les sumaron los expanistas Miguel Ángel Bujanda y María Trinidad Vacam así como el verde, Fausto Gallardo. Todos los acreedores a los impuestos deberán presentar sus pagos de lo recaudado, cada mes. Las medidas entran en vigor a partir de la publicación en el diario oficial local.