CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Por tercer día consecutivo, indígenas nahuas mantienen bloqueada la carretera Chilapa-Hueycantenango, a la altura del crucero de Alcozacán, para exigir justicia por la masacre de 10 músicos, presuntamente perpetrada por el grupo delictivo Los Ardillos. En la manifestación participan al menos 2 mil personas procedentes de 16 comunidades adheridas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), quienes acusan a los gobiernos estatal y federal de omisión y complicidad con la organización criminal. El líder de la CRAC-PF, David Sánchez Luna, lamentó que, pese a las denuncias anteriores, ninguna autoridad ha intervenido para revertir los efectos de la narcoviolencia en esta zona, que ha dejado una estela de asesinatos, desaparecidos y desplazados. Desde el viernes 17, día de la masacre, los miembros de la CRAC-PC de Chilapa bloquearon la carretera, luego de enterarse que el grupo delictivo Los Ardillos emboscó y acribilló a los músicos indígenas que circulaban en dos camionetas sobre el camino Mezcalcingo-Tlayelpan. El pasado fin de semana el gobierno estatal emitió un comunicado para informar que cinco de los cadáveres ya habían sido entregados a sus familiares, pero los otros cinco estaban en proceso de estudios de antropología forense, debido a que estaban calcinados. Notas relacionadas: [embed]https://www.proceso.com.mx/614694/ejecutan-y-calcinan-a-10-musicos-indigenas-en-guerrero[/embed] Al respecto, Sánchez Luna informó que los cadáveres entregados corresponden a José Julio Fiscaleño Hilario, Cándido Fiscaleño Hilario, Crescenciano Migueleño Coapango, Marcos Fiscaleño Bastizar y Antonio Mendoza Tolentino. Los otros cuerpos son de Israel Tolentino Ahuelicán, Israel Mendoza Pasado, Florentino Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote y Regino Fiscaleño Chautla. El líder de la CRAC-PF dijo que decidieron mantener el bloqueo carretero hasta que los cinco cuerpos calcinados sean entregados a sus familiares, y públicamente presentó un pliego petitorio a los gobiernos estatal y federal. Entre las demandas destaca la detención de los líderes de Los Ardillos, que según el gobierno estatal es dirigido por Celso Ortega, hermano del actual diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, así como la instalación de campamentos militares y de la Guardia Nacional en los cruceros del Jaguey y Tula, sobre la carretera Chilapa-Hueycantenango. También la liberación del policía comunitario Godofredo Cortés Reyes y la cancelación de 60 órdenes de aprehensión que tiene la Fiscalía contra miembros de la CRAC-PC, además de apoyos productivos para personas de escasos recursos.