OAXACA, Oax. (apro).- La violencia feminicida en Oaxaca se ha incrementado 12% en el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa, denunció el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”( GESMujer), al contabilizar 384 casos de mujeres asesinadas. Tan sólo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, detalló, se registraron 135 asesinatos, lo que lo convirtió en el año con más violencia feminicida, pero lo preocupante es que la Fiscalía General de Oaxaca (FGO) –abundó-- no considere como feminicidios los crímenes violentos contra mujeres. De acuerdo con el monitoreo feminicida de GESMujer, la forma en que fueron asesinadas las mujeres y niñas es otra expresión de misoginia y violencia extrema, ya que 82 de ellas murieron por impacto de balas, 12 fueron apuñaladas, ocho perdieron la vida por golpes, tres fueron degolladas, dos fallecieron a causa de quemaduras, dos por asfixia y una por estrangulamiento. Del resto no se especificó. Precisó que en 2017 se perpetraron 117 asesinatos violentos de niñas y mujeres, un año después la cifra se incrementó a 123 y en 2019 se registraron 135 casos. Al hacer un “recuento de los daños”, GESMujer señaló: “Nos causa una profunda preocupación que aun cuando la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de alerta por violencia de género en 40 municipios de Oaxaca, se mantienen los altos índices de violencia feminicida”. Luego de sostener que la violencia feminicida no sólo se mantiene, sino que se extendió en Oaxaca, destacó que desde el 30 de agosto de 2018 y hasta casi finalizar 2019, 167 mujeres y niñas fueron asesinadas de manera violenta. Ello significa que aun cuando se hizo un llamado al gobierno estatal de implementar acciones inmediatas para detener los altos niveles de violencia feminicida, no hay resultados que garanticen la libertad, la integridad y la vida de las oaxaqueñas, recalcó. Según sus registros hemerográficos, 65% de esos crímenes han ocurrido en municipios con alerta de género, lo que significa que 35% se perpetraron en localidades sin alerta. Ante la falta de acciones contundentes por parte de los tres niveles de gobierno, recalcó, no se ha logrado detener la violencia feminicida y, más aún, ésta se está extendiendo a municipios no considerados en situación de riesgo. Tras mencionar que, con 20 casos de asesinatos violentos de mujeres y niñas, Tuxtepec representa el 15% de la totalidad de casos en Oaxaca, consideró urgente que las políticas orientadas a la prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas cuenten con una estrategia que pueda ser monitoreada, a fin de evaluar resultados. GESMujer insistió que durante la actual administración 384 familias han enfrentado el dolor de perder a una madre, una hermana o una hija, familias que son víctimas indirectas y que dan una dimensión más grave a la problemática, pues por cada caso hay una historia y una demanda de justicia que nunca reparará el daño. Los altos niveles de impunidad en los casos de asesinatos violentos de mujeres y niñas, añadió, es una violación más a sus derechos humanos, pues se les niega el derecho de acceso a la justicia. De acuerdo con GESMujer, el Istmo, Valles Centrales y Papaloapan son las regiones de mayor peligro para las mujeres. En 2019 la violencia feminicida se concentró ahí con 61%. En el Istmo, 24%; Valles Centrales, 19%, y Papaloapan, 18%. Sobre el perfil de las mujeres y las niñas asesinadas de manera violenta, 45% eran personas en etapa productiva y reproductiva, tenían entre 16 y 44 años. Pero en 66% se desconoce la ocupación o la actividad a la que se dedicaban, aunque por los datos con que se cuentan puede decirse que eran amas de casa, estudiantes, maestras, comerciantes, agricultoras, ganaderas, empleadas, enfermeras o meseras, es decir, aportaban con su trabajo a la sociedad. Esta violencia feminicida también genera víctimas indirectas, hasta ahora invisibilizadas, es decir, las hijas e hijos que quedaron en la orfandad, si bien se carece de información puntal de la cantidad de niñas, niños y adolescentes a quienes se les ha arrebatado su derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y que garanticen su desarrollo integral. Aun cuando la ley establece que las autoridades, de todos los órdenes de gobierno, deben llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra la supervivencia de niñas niños y adolescentes, 3% de los asesinatos violentos lo sufrieron niñas menores de 15 años, por lo que urge investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida de estas niñas, apuntó el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”. De igual manera, manifestó que existe desconfianza en la tipificación del delito de feminicidio y, de acuerdo con la información disponible, en 92% de los casos se desconocía a la o las personas agresoras, lo que significa que en cada uno de esos asesinatos violentos se inició una carpeta de investigaciones, pero se desconoce si se abrió como feminicidio.

“Ese es el primer criterio de controversia con la FGO, porque consideramos inaceptable que se les clasifique como homicidio, sin que medie una investigación que determine si las víctimas tenían alguna relación de pareja, laboral, escolar o cualquier otra que implicara subordinación con el agresor. O si habían sido previamente amenazadas, o que en sus cuerpos hubiera signos de violencia sexual”.

Esta falta de actuación profesional quedó de manifiesto en el caso de la saxofonista María Elena, dado que la carpeta de investigación se abrió por el delito de lesiones, sin que durante los tres meses de “investigaciones” las autoridades hubieran identificado razones de género, pese a que se presentaron pruebas de que previamente había sido amenazada por una persona con quien tuvo una relación laboral y sentimental. De ahí la desconfianza sobre la actuación de la Fiscalía, porque no aplican el protocolo, como quedó de manifiesto ante la opinión pública, y gracias a la presión mediática se reclasificó el delito como tentativa de feminicidio, añadió. Este año también se conoció el caso de María Eugenia, de 20 años, cuyo cuerpo fue abandonado en una playa de Puerto Escondido. La joven, reportada como desaparecida, fue hallada semidesnuda, con signos de violencia sexual. “Todos y cada uno son criterios para tipificar el delito de feminicidio, sin embargo, para la Fiscalía su determinación fue de muerte por asfixia”.

“Por ello nos preocupa que no se contemplen como feminicidios los asesinatos violentos de las 26 mujeres y niñas, cuyos cuerpos fueron localizados en lotes baldíos, parajes lejanos y solitarios, pues otro criterio para iniciar una carpeta de investigación como feminicidio es que el cuerpo haya sido abandonado, expuesto o arrojado en un lugar público, como fue en el 20% de los casos ocurridos en 2019”.

Esta manera indignante de abandonar los cuerpos es un acto de misoginia que expresa la desvalorización y el odio hacia las mujeres, finalizó GESMujer.