Tras ser exhibido, diputado de Morena balconea a funcionarios de Veracruz

sábado, 10 de octubre de 2020
XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).– El diputado local de Morena en Veracruz, Magdaleno Rosales Torres, quien admitió tener a su hijo en la nómina con un salario de 15 mil pesos mensuales como “chofer”, exhibió una supuesta cadena de empresas de medios de comunicación con prestanombres para “malversar recursos públicos” a favor del secretario de Educación de Veracruz, Zenyasen Escobar Pérez. En entrevista radiofónica cuyo audio fue luego difundido por empleados del Congreso local a través de WhatsApp, Magdaleno Rosales señala también al director de Comunicación Social del Congreso local, Aldo Valerio Zamudio, a quien acusa de pedirle un “moche” de diez mil pesos mensuales para difundir sus actividades legislativas.
Nota relacionada:
Diputado de Morena mete en nómina a su hijo; gana 15 mil pesos como chofer “Aldo Valerio y Vania López orquestaron una guerra en contra de un servidor, me pidieron diez mil pesos para publicarme (sic) en la página de Morena y del Congreso local”. Rosales Torres arremetió en entrevista en contra de las hermanas Vania e Itzel López González –empleadas del secretario de Educación, Zenyasen Escobar– a quienes acusó de ser prestanombres de cinco medios de comunicación que facturan más de medio millón de pesos al mes al Congreso local y a la propia Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), recursos con los cuales ya construyeron el restaurante “Tarantina”, ubicado en la avenida Encanto, frente al Congreso local, fustigó el legislador morenista. “Hace poco Vania era reportera de Morena, poco antes de El Sol de Córdoba y hoy se ostenta como dueña de cinco medios de comunicación, medios que cobran en el Congreso y en la Secretaria de Educación, páginas llamadas Perfil Veracruz, Nación Política, TX Noticia, Tsunami Veracruzano. Yo tengo en mi poder facturas de cuanto cobran, entre 150 mil y 200 mil mensuales, todo esto con prestanombres”. El diputado federal, Magdaleno Rosales aseguró que desde la SEV se hace “malversación de recursos públicos”, con la complicidad de directivos del Congreso.