TOLUCA, Edomex. (apro). - Con el voto del Partido Acción Nacional (PAN) en contra, la Legislatura del Estado de México aprobó sancionar hasta con cuatro años y medio de prisión a quien o quienes obliguen a recibir terapias de conversión sexual.
Las reformas al artículo 211 del Código Penal de la entidad, promovidas por la morenista Beatriz García, incorporan los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual.
Por tanto, establecen que a quien someta, coaccione u obligue a otro a recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar su orientación sexual, y derivado de éstos se afecte su integridad física o psicológica, se le impondrá de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y de 50 a 200 días multa.
Y si la conducta se lleva a cabo contra personas menores de edad, con discapacidad, adultas mayores, privadas de libertad o que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, la pena se aumentará en una mitad (alcanzará hasta cuatro años y medio de prisión o hasta 150 días de trabajo comunitario, y hasta 300 días multa).
De igual forma ocurrirá cuando la víctima sea ascendiente, descendiente, hermano, pupilo, cónyuge, tutor, concubina o concubinario del inculpado. En ambos casos el delito se perseguirá de oficio.
Estas sanciones se impondrán con independencia de las que correspondan por conductas que impliquen la comisión de otro (s) delito (s).
Como terapias de conversión sexual, serán entendidas las prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas o tratamientos en los que se emplea violencia física, moral, psicoemocional o sexual, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la autodeterminación sexual de las personas.
García Villegas advirtió que las también denominadas terapias reparativas, erosionan la autoestima, incrementan el riesgo de depresión, comportamientos suicidas, abusos de sustancias, quebrantan los lazos familiares; lamentó que pueden llegar hasta la violación correctiva o punitiva; y destacó la necesidad de promover las terapias de aceptación en lugar de las de conversión.
“La literatura psiquiátrica de los años 30 ha quedado superada”, advirtió.
Indicó que la comunidad LGBTTTIQ+, históricamente violentada en sus derechos humanos, presenta varios retos que deben atenderse con urgencia, desde numerosos actos de violencia hasta discriminación selectiva por orientación sexual o identidad de género, lo que evidencia prejuicios en su contra. Por lo que apeló a que no se criminalice ni fomenten prejuicios.
Por su parte, Omar Ortega, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), confió en que la reforma implica un paso para alcanzar la igualdad, pues advirtió que aún están pendientes de dictaminarse los matrimonios igualitarios y la ley de identidad sexogenérica.
El morenista Gabriel Gutiérrez coincidió en que falta más por hacer para garantizar que los derechos de las personas con preferencias sexuales diferentes sean plenamente respetados e invitó a la comunidad LGBTTTI a acercarse a los trabajos para la reforma constitucional del Estado de México que se encuentra en marcha a través de la integración de un equipo de especialistas.
El albiceleste no esgrimió razones sobre el sentido de su voto.
