TOLUCA, Edomex. (apro).- Por presunta violencia política, la diputada morenista Beatriz García Villegas denunció ante el Tribunal Electoral (TEEM) y la Contraloría del Poder Legislativo a su homólogo y correligionario Faustino de la Cruz. La agresión, habría ocurrido durante la sesión plenaria del 29 de septiembre pasado, durante la discusión de la iniciativa del senador Higinio Martínez para reducir síndicos y regidores en los 125 ayuntamientos mexiquenses. Aquella tarde, García Villegas tomó la palabra para pronunciarse en contra de la propuesta; al responder, De la Cruz Pérez sugirió que la posición de la diputada y de dos compañeras más (Elba Aldana y Alicia Mercado, quienes también votaron en contra) no era personal, sino dictada por Daniel Serrano, dirigente estatal de la expresión interna denominada “Los Puros”, opuesta al Grupo Texcoco de Martínez Miranda. Nota de interés: PAN alista plan para frenar extinción de fideicomisos en Senado; buscará al PT y Verde La diputada recordó que aquella tarde “mis compañeras y yo tomamos la palabra, como es nuestro derecho, y con ello vino la contrarréplica para decir que nosotras no pensamos por nosotras mismas, que emitimos voto comandadas por un dirigente de Morena en el Estado de México”. Si bien no mencionó el nombre de la diputada aludida ni de sus dos compañeras que votaron en contra, De la Cruz Pérez sugirió entonces que detrás de la posición de éstas tres legisladoras se encontraba el líder estatal: “no compartimos la posición de Daniel Serrano dentro del partido Morena”, planteó en tribuna. También acusó a sus compañeras de incongruentes, las invitó a reflexionar su postura, y advirtió que, de no ser el caso, “ya lo veremos”, lo que fue interpretado por la morenista como una amenaza. El discurso utilizado por Faustino de la Cruz fue similar al empleado por dirigentes priistas y por el expresidente Felipe Calderón en 2017 para descalificar a la entonces candidata de Morena a la gubernatura, Delfina Gómez, cuyas decisiones, según consideraron, eran tomadas por Martínez Miranda. Nota de interés: Acusan que gobierno federal lleva un año sin acatar resolución de ONU en caso de Arturo Medina Luego de la participación del diputado, Beatriz García pidió la palabra por alusiones personales, evidenció la agresión y anticipó la denuncia. Su protesta fue respaldada por legisladores como Anuar Azar, coordinador del grupo parlamentario del PAN, quien también desde tribuna manifestó su solidaridad con la congresista. García Villegas justificó que el recurso jurídico es parte de la lucha por la igualdad de género: “es momento de abrir una cloaca. No podemos permitir que esto siga sucediendo, por eso visibilizamos este acto”, esgrimió. Como prueba de las quejas, ofreció las versiones estenográficas de la sesión, y en su promoción fue acompañada por la secretaria nacional de organización, Xóchitl Zagal; las también diputadas locales Elba Aldana y Alicia Mercado; la secretaria de mujeres de Morena en el Estado de México, Edith González; y regidoras de municipios del Valle de Toluca. García Villegas aseguró que este fenómeno no ha sido exclusivo hacia su persona, pues una veintena de ediles mujeres que le han manifestado su respaldo también le han comentado que son víctimas de violencia política en sus cabildos. Por su parte, De la Cruz Pérez asegura que los señalamientos son una calumnia, afirmó que su posicionamiento del 29 de septiembre no tiene connotación de violencia política sino sólo fue un reclamo a los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista (PVEM) por su posición en contra de la iniciativa. “No permito que se difame a mi persona, mis posicionamientos han sido públicos, allí están las evidencias… No permito que por cuestiones electorales y de un grupo político enquistado en Morena se ejecuten estas acciones que van en detrimento de mi persona. Estoy aquí dando la cara”, indicó. En agosto pasado, la Legislatura mexiquense reformó la ley para que, a partir de la contienda de 2021, en el Estado de México no puedan ser candidatos quienes tengan sentencia ejecutoriada por violencia política contra las mujeres, violencia familiar, delitos contra la libertad sexual o sean deudores alimentarios.