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Padres de Ángela exigen a Fiscalía de NL esclarecer su muerte y reclasificar el delito

Los principales sospechosos del homicidio de Ángela, de 15 años, son el pastor Jesús Pérez y la pastora Yara Jaramillo.
miércoles, 11 de noviembre de 2020

MONTERREY, N.L. (apro).- Los padres de Ángela, la adolescente asesinada en un centro de rehabilitación, en febrero pasado, pidieron a la Fiscalía estatal determinar la causa real de la muerte de su hija, e incluso reclasificar el delito para que los presuntos responsables puedan ser imputados.

En conferencia de prensa vía zoom, Alejandra Elizondo y Joel Saucedo, padres de la víctima, señalaron que la indagatoria que se sigue tras el deceso de su hija de 15 años es por el delito de homicidio doloso, pero debe ser cambiado por feminicidio, privación ilegal de la libertad y violación.

Los principales sospechosos del hecho ocurrido en la Casa de Rescate Jesús Salva, ubicada en el municipio conurbado de Santa Catarina, son el pastor Jesús Pérez y la pastora Yara Jaramillo, quienes administraban el centro donde había otras chicas, dos de las cuáles revelaron que fueron objeto de violación y una presentó denuncia penal.

Pérez enfrenta una de estas acusaciones, pero podría seguir su proceso en libertad al aceptar un juicio abreviado, por lo que continuaría impune el crimen de Ángela, ocurrido el 28 de febrero pasado, señaló Paulina Ambriz, abogada de Documenta, asociación civil que da acompañamiento a los padres.

En una conferencia organizada por esa organización, los padres señalaron que antes de morir, a su hija --ingresada el 11 de febrero al centro de rehabilitación-- la drogaron, la violaron y le negaron su medicina para la diabetes que padecía.

En la autopsia, los médicos determinaron que Ángela falleció por un infarto agudo al miocardio, aunque no hubo pruebas sobre una posible violación, ni han sido analizadas las muestras biológicas que fueron recabadas del cuerpo de la víctima.

Los familiares hicieron un llamado a la Fiscalía de Nuevo León para que reclasifique el crimen y la Fiscalía especializada en delitos contra la mujer pueda investigar el caso y analice las muestras que, en opinión de científicos, pueden ser usadas de manera confiable hasta 10 meses después de colectadas, plazo que se cumple en diciembre.

“Estamos ante una situación complicada, no hay una reclasificación para los delitos que se desprenden de la carpeta de investigación, pero tampoco se está haciendo una investigación por feminicidio. Las autoridades son omisas en realizar protocolos necesarios ante una muerte violenta de una mujer, de una adolescente, omiten hacer una revisión de cavidades, no hacen análisis de drogas o medicamentos”, mencionó la abogada de Documenta. 

Hasta ahora, no hay una sola persona vinculada por ese homicidio.

 

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