Nacional

Piden a instancias federales intervenir en el conflicto entre Miguel Barbosa y la BUAP

El Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla demanda la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los Poderes de la Unión y de los órganos autónomos ante la presunta persecución del gobierno estatal contra el rector.
lunes, 2 de noviembre de 2020

PUEBLA, Pue. (apro).- El Consejo Universitario (CU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los Poderes de la Unión y de los órganos autónomos, ante la presunta persecución política que ha emprendido el gobernador Miguel Barbosa Huerta contra el rector Alfonso Esparza Ortiz.

En un pronunciamiento abierto, los integrantes del CU acusan al mandatario de manipular las instituciones estatales para fabricar “procesos judiciales sin fundamento”, así como usar un aparato propagandístico para afectar la imagen de la casa de estudios, por lo cual piden que instancias federales tengan participación y den seguimiento a las denuncias que el gobierno estatal sigue en contra del rector. 

El escrito está dirigido al presidente, a los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de las Cámaras de Diputados y Senadores, de la Fiscalía General de la República, de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los integrantes del CU afirman que desde que arrancó la administración de Barbosa Huerta, el rector ha sido “blanco del asedio, de la acción articulada y sistemática del gobierno local”, y que para ello se han usado los órganos estatales como la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado. 

Como parte de esto, menciona las denuncias contra el rector difundidas por la ASE a través de redes sociales, que violarían la presunción de inocencia y que se interpusieron sin que el órgano auditor iniciara su facultad de revisión y, por lo tanto, sin que hubiera existido un proceso de confronta con el ente obligado, como lo establece el marco jurídico.

También menciona que parte de la “evidente persecución” son las denuncias “anónimas” que la Fiscalía ha aceptado y dado trámite contra el rector y su familia, así como las declaraciones hechas por el gobernador donde, “asumiendo facultades exclusivas” de la FGE, asegura tener pruebas contra Esparza por supuestos desvíos de recursos.  

“Más aún, el ejecutivo estatal se ha atrevido a asegurar que en la Universidad ha detectado desvíos hasta por 1,000 millones de pesos; es decir, un monto que habría dejado inoperante a una institución que, en los hechos, ha alcanzado, e incluso superado, todos sus objetivos académicos”, refiere el escrito.

“Tenemos claro que todos estos hechos, como el propio Gobierno del Estado de Puebla lo ha manifestado en diversas comunicaciones oficiales, son represalias a la negativa del rector para renunciar a su cargo y para entregar al poder ejecutivo estatal el control de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla”, agrega. 

Los consejeros universitarios manifiestan su apoyo a las acciones legales que ha iniciado el rector para “salvaguardar” su integridad, la de su familia y cualquier otra autoridad universitaria.

Aclaran que Esparza está abierto a enfrentar los señalamientos que le han hecho en lo personal y en cuanto a su gestión al frente de la casa de estudios, siempre y cuando sean llevadas a cabo por instancias que mantengan independencia e imparcialidad “que en las condiciones que hemos encontrado en el estado de Puebla sólo los podría cubrir una instancia federal”

“Estamos seguros de que un gobierno estatal abierto y democrático apoyará la propuesta de que sus investigaciones y sus presuntas pruebas sean analizadas y acompañadas por instancias de justicia y auditoría federales; de lo contrario estaríamos ante un nuevo indicio de que la administración de Luis Miguel Barbosa tiene tendencias totalitarias y dictatoriales”, añade el CU. 

En el escrito, el Consejo de la BUAP exhorta a los integrantes de la comunidad universitaria, a las universidades e Instituciones públicas y a la sociedad en general a apoyar la lucha de la casa de estudios poblana por ser en “defensa de un Estado de Derecho”.