MÉRIDA, Yuc. (apro).- Defensoras de los derechos de las mujeres presentaron al Congreso local una iniciativa de ley para modificar la tipificación de la violencia institucional: propusieron sanciones penales y administrativas e incluso la destitución del cargo a quien incurra en ese delito.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, investigadoras y activistas expusieron ante integrantes de la Comisión de Igualdad de Género su propuesta de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del estado.

La iniciativa ciudadana busca reformar y adicionar diversas disposiciones de las referidas normativas, a fin de incluir una pena de dos a cuatro años de prisión y multa de 100 a 200 días de salario.

También propone la inhabilitación por dos a seis años para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, a quien tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres o su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Prevé además una sanción de uno a tres años de prisión y de 100 a 200 días de multa y la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, de dos a seis años, y en su caso la destitución a quien discrimine públicamente la imagen de la mujer, asociándola a roles estigmatizados que impidan su empoderamiento o su acceso a la equidad de género o a una vida libre de violencia.

Al respecto, Adelaida Salas Salazar, representante en el estado del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, consideró preocupante que se sigan violentando los derechos de las mujeres en las instituciones de gobierno, con la acción u omisión de los servidores públicos.

Por ello, solicitó a los integrantes de la comisión legislativa que sean la voz de esa iniciativa ciudadana.

A su vez, la investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Ligia Vera Gamboa, expuso que la propuesta busca erradicar la impunidad en el país, con la armonización de las leyes que se trabaja en el ámbito federal.

“No queremos que metan a todos a la cárcel, sino hacer conciencia de lo que representa cada una de las personas en las instituciones; trabajar unidos por un mundo mejor”, aclaró.