Puebla

Artículo 19 acusa al gobierno de Miguel Barbosa de 'asfixiar' a portal e-consulta

La organización Artículo 19 acusó que con las siete demandas por daño moral presentadas por el gobierno de Miguel Barbosa contra el portal e-consulta, lo que se pretende es "asfixiar" a ese medio local.
miércoles, 2 de diciembre de 2020

PUEBLA, Pue. (apro).- La organización Artículo 19 denunció que funcionarios y allegados al gobierno de Miguel Barbosa Huerta presentaron otras tres demandas por daño moral en contra del portal informativo e-consulta y de su director Rodolfo Ruiz, con lo cual ya suman siete juicios que, asegura, pretenden “asfixiar” financieramente a ese medio que mantenido una postura crítica.  

En un comunicado, Artículo 19 refiere que dos de estas nuevas denuncias fueron presentadas por Rosa de la Paz Urtuzúaztegui Carrillo e Igor Emilio Ferrer Acuña, Secretaria de Administración y Director General de Bienes Muebles e Inmuebles de la misma Secretaría de Administración del Estado de Puebla, respectivamente.  

En tanto que una tercera denuncia fue interpuesta por Luz María Acuña Rojas, Vicepresidenta de la Organización no Gubernamental de Derechos Humanos “Centinelas Civiles A.C.”.  

En los tres casos, expone la organización, los abogados que interpusieron los juicios son los mismos que en las otras cuatro denuncias por daño moral que ya hay contra e-Consulta y el periodista Rodolfo Ruiz.

Las primeras demandas contra este medio fueron presentadas por el líder del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla; por el Subsecretario de Transporte, Seth Yassir Vázquez Hernández, por el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, y por el subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova. 

En éstas, cada uno de los supuestos afectados reclama el pago de 5 millones de pesos por reparación del daño moral, en tanto que las últimas tres cada una exige pagar 7 millones, lo que suma 41 millones de pesos el reclamo total por indemnizaciones.  

Además, piden la publicación de un extracto de la sentencia en los medios demandados, abstenerse de realizar conductas ilícitas, la destrucción de archivos electrónicos respecto de las columnas de opinión y el pago de gastos y costas.  

“…es importante notar nuevamente que las demandas han tenido en común un mismo cuerpo de abogados y misma argumentación”, detalla Artículo 19.  

“En este contexto, es importante recordar que dicho medio y su director continúan siendo víctimas de diversas agresiones, las cuales han ido desde bloqueos informativos, descalificaciones, hasta agresiones digitales, amenazas de acciones legales y este tipo de demandas”, agrega. 

La organización, que defiende la libertad de expresión, aclara que nadie debe estar expuesto a procesos judiciales por daños a la reputación por haber expresado una opinión y menos cuando se trata de una opinión sobre la actividad y gestión de funcionarios públicos o personas que por multo propio se exponen al escrutinio público. 

“La exigencia constante de indemnizaciones millonarias, no tienen otro fin que crear la asfixia financiera del demandado, obligándolo a cubrir un monto que crearía un efecto inhibidor para él y otros colegas llevándolos irremediablemente a la autocensura”, menciona. 

Recuerda que la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su visita a México en 2017, advirtieron que la falta de regulación sobre el uso de este tipo de demandas, genera un efecto negativo en los periodistas expuestos a esa amenaza por lo que llamaron al legislativo y judicial para adoptar nuevos criterios. 

“Por lo anterior, ARTICLE 19 exige al gobierno del estado de Puebla el cumplimiento de su obligación de garantizar el libre ejercicio periodístico en el estado, debiendo generar las condiciones para que esta labor sea realizada de manera segura y libre, sin obstáculos ni cualquier tipo de coacción”, reclama. 

Asimismo, exhorta al Poder Judicial del Estado de Puebla para que aplique los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico en el estudio y resolución de los procesos civiles que por supuesto daño moral se encuentran abiertos en contra el Rodolfo Ruiz y el medio e-consulta.

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