CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por resolución de un juez federal, Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, no podrá ser trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, a otro centro penitenciario.

Sin embargo, esta suspensión carecerá de efecto si el traslado obedece a cuestiones de seguridad, como que esté en riesgo su vida o su integridad.

La suspensión de plano que otorgó el juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Adrián Rivera López, se da al considerar que podrían existir actos de peligro o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento que se sigue contra el político hidalguense, bajo la causa penal 263/2020.

No obstante, tampoco tendrá efecto si esta medida es ordenada por una autoridad distinta a la Dirección del Penal del Altiplano, donde Sosa Castelán está recluido desde el 31 de agosto, cuando fue detenido en la Ciudad de México. De igual forma, si se fundamenta la necesidad del cambio o por procedimientos posteriores.

Para que se cumpla la suspensión, el juez estableció un plazo de 24 horas, tiempo en que las autoridades responsables deberán rendir un informe y, en caso de no acatar esta resolución, advirtió que podrán hacerse acreedores a una pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

De acuerdo con la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), que se basa en investigaciones por lavado de dinero que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, tras una alerta de la DEA estadunidense por posibles operaciones ilícitas en el extranjero, Gerardo Sosa Castelán es la cabeza de una presunta asociación criminal dedicada a sustraer recursos de la UAEH a través de triangulación de dinero y simulación de servicios, posible por el control político y económico que ejercía en la institución.

En calidad de coacusados, también fueron vinculados a proceso la madrugada del 6 de diciembre Juan Manuel Hernández Gayosso, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez, presuntos operadores del también exdiputado federal priista.

Los dos hombres son señalados por adquirir y ocultar recursos de procedencia ilícita, mientras que a las dos coacusadas las señalan de recibir y trasferir el dinero.

El también exrector mantiene el control político de la universidad desde 1979, cuando, tras pertenecer a la extinta organización porril Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo, se erigió como el líder fáctico.