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Opositores a la cervecera levantan firmas en los sitios donde se levantaron las casillas. Foto: Jesusa Cervantes[/caption]
MEXICALI, BC (proceso.com.mx).– En medio de la pandemia y sin medidas de higiene, con casillas reventadas, acarreo de votantes, compra de votos, boletas sin folio y falta de tinta indeleble se realizó el primer día de la consulta pública sobre la permanencia o salida de la cervecera Constellation Brands.
En dos de las 10 casillas –cada una con 10 mil boletas– instaladas en la ciudad, la Secretaría de Gobernación determinó levantar las casillas al filo de la una de la tarde por considerar que no había seguridad para llevar a cabo la votación.
En ambos lugares, el primero llamado Juventud 2000 y el segundo Galerías, integrantes de las resistencias acudieron a votar, pero al llegar se encontraron que las autoridades estaban levantando la casilla. Ello generó gritos y exigencias de parte de los votantes.
El activista Rigoberto Campos se dio a la tarea de seguir a las personas que levantaron la urna en Juventud 2000 hasta llegar a la Secretaría del Bienestar, donde ya no lo dejaron ingresar. Las autoridades no dieron ninguna justificación válida para la cancelación de la votación.
La segunda urna levantada fue en el centro comercial de la calle 11. Afuera de la tienda Walmart, cuando los elementos de Gobernación se percataron de que había un nutrido grupo de gente que se opone a la empresa cervecera, determinó cancelar la votación; tomaron la urna y se refugiaron en la tienda Walmart, la cual bajó la cortina.
Salieron del lugar una hora después.
Juez otorga suspensión
Por otra parte, el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Baja California otorgó a un grupo de ciudadanos una suspensión de plano “para obligar a las autoridades responsables a que antes de la consulta y en un lapso no mayor a 24 horas, presenten, implementen e informen de las medias y acciones para prevenir y evitar cualquier riesgo de contagio del covid19”.
La suspensión fue otorgada el viernes, no obstante, en un recorrido por las distintas casillas,
Proceso pudo comprobar que nunca se estableció la debida distancia, la gente no contaba con cubrebocas y, aunque había gel antibacterial en la mesa de votación, no limpiaban el plumón con el que se votó.
Ernesto Elorduy, uno de los promoventes del amparo, explicó que las autoridades responsables por haber promovido una consulta popular permitiendo las grandes concentraciones son el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecrtario del Gobernación, Ricardo Peralta, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, la directora de la Conagua, Blanca Jiménez, el titular de Semarnat, Víctor Toledo y la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.
El juez estableció que, en caso de no cumplir las medidas, las sanciones serían la privación de la libertad y la destitución de los funcionarios.
“…los efectos y consecuencias del acto reclamado que han quedado precisados, consistentes en la omisión de las autoridades responsables de dictar medidas sanitarias suficientes para evitar la propagación de la epidemia denominada Covid-19, entre los asistentes a la consulta pública reclama, sí configura un acto prohibido por el artículo 22 constitucional, pues impactan en el derecho a la salud y, a la postre, en el derecho a la vida de la comunidad”, se lee en el amparo.
Los empresarios que interpusieron el recurso tomaron videos ante notario de la falta de medidas de higiene a lo largo de la consulta y serán entregadas ante el juez.
Documentan acarreos
Por otra parte, desde muy temprana hora, integrantes de las Resistencias Unidas documentaron acarreo de votantes y el pago de entre 200 y 500 pesos a las personas a cambio de que votaran a favor de la empresa cervecera.
Cuando se les preguntaba a las representantes de Gobernación, como por ejemplo a Maité Rodríguez, la razón por la cual las boletas no contaban con folio, no atinaban a responder; lo mismo sucedía con la falta de tinta indeleble que no se les ponía a los votantes.
Incluso, una de las respuestas fue que, como en Estados Unidos no se utiliza, aquí tampoco. Otros explicaron que, al dar la clave de la credencial para votar, automáticamente el sistema impedía que se volviera a votar, por lo cual no era necesaria la tinta indeleble.
Los ciudadanos, desconfiados de las autoridades de la Secretaría de Gobernación, así como de los “servidores de la nación” que ayudaban a la instalación de las casillas, pusieron una mesa a un costado de las urnas, donde colocaron una lista para que la gente que votaba se apuntara en ella “y luego poder cotejar el número de votantes y que no se embarazaran las urnas”, explicaron los activistas.
La señora Elvia Rodríguez, de la colonia División del Norte, detalló cómo, luego de que los representantes de Gobernación vieron que la mayoría de los votantes expresaban su rechazo a la cervecera en la casilla ubicada a las afueras de Walmart, decidieron levantar la urna y dejarlos sin votar.
Acusaciones de fraude, manipulación de las boletas, pero sobre todo acarreos, fueron la constante en la mayoría de las casillas. En el Valle de Mexicali se instalaron 17 y en la ciudad 10.
Al activista Rigoberto Campos, quien persiguió a quienes se llevaron las urnas mientras transmitía en vivo el recorrido, fue interceptado después por la ministerio público Rosaura Reyes, quien le entregó una hoja de restricción, ya que Olga Lida Torres Salazar lo denunció por presuntamente intimidarla cuando se encontraba vigilando una de las casillas.
“La acusación es por acto de intimidación a favor de personal que se encuentra dirigiendo la consulta denominada: ejercicio participativo planta cervecera Mexicali”, leyó Rigoberto Campos luego de que le entregaron el documento.
Las resistencias unidas darán una conferencia mañana, cuando continuará la consulta. Sin embargo, el presidente López Obrador dará el resultado en la conferencia mañanera del lunes 23.