CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Fernando Ríos Martínez, alertó sobre las amenazas contra defensores que acompañan a desplazados por la violencia en Guerrero, quienes hasta ahora no han tenido respuesta por parte de los gobiernos estatal y federal para retornar a sus viviendas. Ríos Martínez destacó que las amenazas contra los integrantes del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Guerrero, dirigido por Manuel Olivares, que también tocan al corresponsal de Proceso en esa entidad, Ezequiel Flores, forman parte de un escenario en que “el crimen organizado ha tenido un fortalecimiento”, alimentado por la impunidad que impera en el estado. En entrevista con Apro, el secretario ejecutivo de la Red TDT, a la que están afiliadas 86 organizaciones sociales de 23 entidades, recordó que Olivares ha sufrido amenazas desde hace cinco años, pero que se acrecentaron con el acompañamiento que el Centro Morelos da a familias desplazadas por el crimen organizado. A principios del año pasado, los desplazados originarios de la Sierra de Guerrero se plantaron en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir garantías para regresar a sus domicilios, tras acusar la constante violencia por parte de grupos del crimen organizado. “El gobierno federal, entre ellos el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se comprometieron a encontrar un mecanismo integral para que los desplazados regresaran a sus domicilios, sin embargo, a más de 15 meses del compromiso con las 2 mil personas que acompaña el Centro Morelos, se incrementó el riesgo en que se encuentra el personal de la organización, de manera particular Manuel Olivares”, dijo. Explicó que desde el 25 de marzo empezaron a circular en redes sociales señalamientos en su contra que lo acusaban de ser “defensor del narco”, descalificando su trabajo de acompañamiento a víctimas de desplazamiento forzado interno del municipio de Leonardo Bravo, en la sierra de Guerrero. Este lunes, también en redes sociales, circuló un comunicado firmado por el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), al que pertenece la Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo, en el que se acusa a Olivares y al corresponsal de Proceso de estar vinculados con el supuesto grupo delictivo “Cártel del Sur” y con su presunto líder Isaías Navarrete Celis. En el texto se instruye a los guardias comunitarios a “detener” a ambos “para someterlos a un proceso de reeducación basado en usos y costumbres, tras alardear que en días pasados lograron “neutralizar” a 32 presuntos sicarios, además de decomisar 40 armas largas, cartuchos útiles, cargadores útiles, equipo táctico y de comunicación, así como vehículos presuntamente blindados y 17 equipos celulares. El supuesto grupo de autodefensa niega que en la región haya desplazados, y sostuvo que han salido de los pueblos personas que estarían vinculadas con el grupo delincuencial Cártel del Sur, dirigido por Isaías Navarrete. Ríos Martínez señaló que al ser la amenaza más grave que ha sufrido Olivares y su equipo, la Red TDT solicitó la inmediata intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “No ha habido hasta ahora respuesta del Mecanismo ni de la CNDH, a la que pedimos medidas cautelares. Lo que se nos dice es que por las medidas de sanidad por el coronavirus el proceso se ha aletargado”, añadió. El defensor recordó que el año pasado, después de una misión de observación en Guerrero, “se entregó información sobre la violencia contra los defensores y en particular contra Manuel, y en ese momento el secretario de Gobierno (Florencio Salazar Adame) negó los hechos, sin embargo, el año pasado cerramos con 22 defensores asesinados en ese estado”. Ríos Martínez explicó que, desde diciembre del año pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió a tener una reunión con la Red TDT y defensores de Guerrero, para analizar la situación de inseguridad que les impide realizar su trabajo, reunión que hasta ahora no se ha concretado. “En la grave descomposición social que existe en Guerrero hay responsabilidad tanto del gobierno del estado como del federal, que han dejado crecer a las organizaciones, al grado que tienen un control milimétrico del territorio”, por el que se debaten al menos 70 organizaciones criminales, sostuvo. En el caso particular de las amenazas hacia Manuel Olivares y los integrantes del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, “estoy convencido que no hubieran ocurrido si se hubiera cumplido el compromiso de garantizar a esas 2 mil personas el retorno seguro a sus comunidades en la sierra”, concluyó Ríos Martínez.