MEXICALI, B.C. (apro).- El Congreso local aprobó darle potestad al Ejecutivo estatal para “administrar y custodiar” las concesiones y asignaciones de agua que otorga la federación, por lo que podrá decidir si entrega el líquido a una cervecera, una minera o a la población para uso doméstico. En suma, a través de la nueva “Secretaría para el manejo, saneamiento y protección del agua”, el Ejecutivo estatal determinará a quién destinar millones de litros cúbicos. En las reformas aprobadas en materia de agua se incluyen cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, para dar vida a la nueva secretaría, y crea el artículo 38 BIS, donde delinea sus facultades en el párrafo XIX: “Gestionar ante la Federación la celebración de las concesiones y asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en cantidad y calidad, que estén bajo la administración y custodia del estado, y de la prestación de los servicios públicos de agua”. [embed]https://www.proceso.com.mx/629378/con-nueva-ley-bonilla-pretende-marcar-el-destino-del-agua-en-bc[/embed] Con 19 votos a favor de Morena y aliados, y cinco en contra de la oposición, entre ellos dos de Acción Nacional (PAN), uno del Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la mayoría aprobó la nueva ley. Dicha norma abre la puerta para que, por ejemplo, la cervecera Constellation Brands intente restablecerse en el estado, solicitando de nueva cuenta los permisos que el gobierno federal le canceló después de la consulta ciudadana, los días 21 y 22 de marzo. En esta consulta ganó el rechazo mayoritario a la empresa norteamericana, advirtió el analista del agua, Miguel Ángel Montoya. [embed]https://www.proceso.com.mx/621496/infraestructura-exencion-de-impuestos-becas-agua-todo-para-constellation-brands[/embed] Este lunes, el diputado priista David Ruvalcaba recordó que la movilización más grande ocurrida en Mexicali fue en 2017, cuando la población se opuso a la Ley de Agua Estatal aprobada por la anterior legislativa, y finalmente el entonces gobernador Francisco Vega tuvo que echarla abajo. “No repitamos la historia”, alertó. A su vez, el perredista Gerardo López pidió analizar más la propuesta, dado que “no se recaudó el sentir de los bajacalifornianos y se hace en medio de una pandemia”. Añadió: “No fue factible la asistencia de los ciudadanos que están en contra o a favor. Tenemos que escucharlos para ver qué se puede mejorar o si definitivamente están de acuerdo en esta iniciativa. Este dictamen puede esperar, no encuentro fundamento para que se someta a votación”. Al argumentar su voto en contra, el priista David Ruvalcaba subrayó: “No podemos aprobar una iniciativa de reforma que rebasa los límites normados por la ley federal; en este caso se intenta dotar de atribuciones especificas las aguas agrícolas, que es competencia de la federación”. Pero no sólo eso, con los cambios el Estado será juez y parte, ya que la reforma considera que la entidad hará “los inventarios de agua” y dirá cuáles son “las reservas hidrológicas”. Después podrá reconcesionar el agua que la federación “asigna” a los organismos operadores en la entidad. Las reformas establecen: “Se propone que esta nueva dependencia (la recién creada secretaría) cuente con amplias facultades para la supervisión, ejecución, control y sanción del agua tanto de jurisdicción estatal como aquella que ha sido concesionada al Estado por la Federación, para su uso agrícola, ganadero, doméstico, comercial e industrial, así como la recuperación de aguas tratadas, residuales, desaladas, para dar mayor eficiencia en uso en todas las modalidades”. Los morenistas, como Juan Manuel Molina, destacaron que en su resolución la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno estatal que estableciera una nueva ley de agua, y es ahora lo que está haciendo el gobierno para el desarrollo del estado, para llevar agua a Ensenada y para evitar el uso de las comisiones de agua como cajas chicas. En contra votaron los dos panistas, Loreto Quintero y Eva María Vázquez, el priista David Ruvalcaba, el perredista Gerardo López, y Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, del local Partido Baja california. La reforma logró 19 votos de los morenistas, Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT), así como dos diputados independientes y del Partido Transformemos.