PUEBLA, Pue. (apro).- Habitantes de pueblos maseuales de la entidad pidieron a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no respaldar el proyecto de resolución propuesto por el ministro Javier Laynez Potisek, que favorece a las compañías mineras y anula los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados sobre la explotación de sus recursos naturales. En un video difundido en redes sociales, señalan que en estos días la SCJN resolverá un juicio de revisión 928/2019, en seguimiento al proceso que desde el 17 de marzo de 2014 iniciaron maseuales de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac en contra del Estado mexicano y el Congreso de la Unión, por haber transgredido su derecho de autodeterminación a través de la Ley Minera. De acuerdo con la demanda, a la que se unió el pueblo náhuatl de Zacualpan, Colima, la Ley Minera permite la expedición de títulos de concesión sin respetar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, con lo que se violenta la Constitución del país y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México. En el proyecto de resolución que por internet publicó Laynez Potisek, se niega la razón a las comunidades indígenas al considerar que el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los derechos e intereses de los pueblos involucrados. Preocupados por esta resolución, los promoventes del juicio, acompañados por organizaciones como el Consejo Titay Tlatli, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), piden a los ministros votar en contra. “Los pueblos indígenas han sido testigos de los terribles conflictos socioambientales causados por la actividad minera, así como la violación a los derechos de los pueblos originarios y comunidades equiparables, a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”, indican. El proyecto en tales términos, agregan, significará un retroceso en favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y permitiría mantener en el país un sistema de explotación de recursos naturales. Las mismas organizaciones que han apoyado este proceso judicial, a lo largo de seis años, han advertido que los términos de la Ley Minera ponen en evidencia “la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera”. Xavier Martínez Esponda, abogado del Cemda, asegura que la propuesta de resolución de Lainez Potisek constituye un retroceso en la construcción del estado pluricultural que ordena el artículo segundo constitucional. Y expone que el amparo que la Corte resolverá esta semana impactará en la lucha colectiva de los pueblos indígenas del país, y de aprobarse en esos términos sentaría un grave retroceso al desconocer sus derechos.