Exigen liberar a mujeres presas en el penal de San Cristóbal de las Casas
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Mujeres activistas, abogadas y defensoras de derechos humanos en Chiapas demandaron al Poder Judicial del Estado de Chiapas, la libertad de 12 mujeres indígenas presas en el penal de San Cristóbal de Las Casas y la revisión de los expedientes de toda la población penitenciaria femenil en el estado, pues muchas deberían estar ya en libertad, máxime en el contexto de esta pandemia, por el riesgo a su salud.
Patricia Aracil Santos y Julieta Hernández Gómez de la Colectiva Cereza de San Cristóbal de Las Casas, dieron a conocer que solicitaron desde el pasado 27 de abril al Poder Judicial del Estado de Chiapas, la revisión de expedientes penales y libertad de mujeres indígenas presas de diversos pueblos originarios de la entidad, sin que hasta la fecha hayan obtenido una respuesta.
Recordaron que el contexto de la emergencia sanitaria derivado de la pandemia, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó el pasado 9 de abril a los países miembros de la Oprganización de Estados Americanos (OEA) como México, adoptar las medidades necesarias legales para priteger a las personas en condición de vulnerabildiad, sobre todo las mujeres en situación carcelaria.
Las activistas señalaron que han estado denunciando las condiciones deplorables en las que se encuentran las mujeres el penal estatal número 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde existe la falta de atención médica, donde hay una precaria alimentación, restricción de la comunicación telefónica, maltrato, amenazas y discriminación por parte del personal, abandono en los procesos jurídicos por parte de jueces y defensores públicos.
Y que ante el reclamo que ellas han hecho, la respuesta ha sido de oídos sordos.
“Sabemos que esto responde a la postura misógina del gobernador chiapaneco y sus funcionarios quienes mantienen un cerco institucional y político hacia el movimiento feminista en Chiapas, invisibilizando la grave situación de violencia hacia las mujeres, sobre todo las que además se encuentran presas como pagadoras de delitos que no cometieron, que fue en defensa propia u orilladas por situaciones de violencia sistemática y estructural, pobreza y marginalidad, entre otras”, señalaron.
Recordaron que el pasado 5 de mayo el gobierno chiapaneco aplicó la reciente Ley Federal de Amnistía liberando por sentencia suspendida o cambio de medida cautelar a 34 presos varones sobre todo del penal de El Amate, pero esta medida nunca benefició a ninguna de las mujeres presas.
En su petición al Poder Judicial del estado de Chiapas, Patricia Aracil Santos, a nombre de la Colectiva Cereza, refiere que “dado el alto impacto que el covid-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”, y ligado a esto, señala que es indispensable que se garantice el acceso a la justicia”.
Señaló que el Poder Judicial de la Ciudad de México, en acatamiento a los criterios de la CIDH y normatividad nacional e internacional de derechos humanos, ha liberado a 78 reos de las cárceles de esa demarcación territorial en el marco de la crisis sanitaria vivida en el país.
Y que, contrario a ello, en la práctica, el Poder Judicial de Chiapas “ha aprovechado la situación para denegar absolutamente el acceso a la justicia de las mujeres privadas de libertad pues se niega inclusive a hacer trámites urgentes que tienen que ver con preservar la salud y la vida de mujeres en situación de encierro”
