MEXICALI, B.C., (apro).- Seis meses después de que el gobierno del Estado presentó una denuncia penal contra el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, y sin que aún haya alguna indagatoria, el auditor superior estatal, José Sergio Soto, presentó otra denuncia por los mismos presuntos delitos: desvío de recursos por mil 586 millones de pesos. Después de que el 19 de noviembre anterior, el secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, denunció por peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, abuso de autoridad y uso de facturas falsas, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la auditoría local realizó una revisión especial, incrementado el monto del supuesto desvío. Ese día el gobierno del estado detectó mil 200 millones de pesos desviados a través de 40 empresas fantasmas, y ahora, la auditoría incrementó el presunto desfalco a mil 586 millones de pesos. La primera denuncia fue respecto a la revisión en la emisión de factura durante 2017 y 2018 por concepto de “asesorías” a 40 empresas presuntamente falsas. Ahora, la denuncia es por recursos ejercicio de 2014 a 2019 y el pago a más de “supuestos proveedores” mediante 273 operaciones inusuales. Los mil 586 millones de pesos supuestamente desviados representan el 40% del presupuesto que actualmente tiene la Secretaría de Salud del Estado. Nota relacionada: [embed]https://www.proceso.com.mx/614179/caso-kiko-vega-bonilla-y-su-mutis-sobre-la-fiscalia-anticorrupcion-sin-personalidad-juridica[/embed] En la denuncia, donde se presentaron “testimoniales y documentos” de las presuntas irregularidades, participó también la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto, Eva Rodríguez, exdiputada local panista justo durante el último trienio de “Kiko” Vega. En noviembre de 2019, la denuncia fue contra el exgobernador panista y cinco exfuncionarios estatales, y en la reciente es también contra Vega y 11 exfuncionarios. Según el auditor, la entidad continúa realizando otras revisiones, por lo que el quebranto podría llegar a los 2 mil millones de pesos y los delitos serían de carácter federal y del fuero común. “En el ámbito federal, los delitos que pudieron haber cometido los exfuncionarios son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Y en el fuero común: “enriquecimiento ilícito, ejercicio Ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones”, se indica en el comunicado que emitió el Congreso local. Según la Auditoría Superior de Fiscalización, de la revisión de lo facturado durante 2018, se remitió al gasto de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019, observando “operaciones inusuales repetitivas”. Entre los servicios presuntamente prestados y que fueron pagados destaca “un diagnóstico del Estado financiero del sector salud por 11 millones de pesos; lineamientos para el costeo de la plantilla del magisterio y burocracia por 11 millones; dos análisis relacionados con la regularización de los vehículos, uno por un monto de 8 millones y otro de 5 millones. “Una supuesta evaluación y diagnóstico de los programas de Atención Social por 8 millones; un análisis de las finanzas de Issstecali por 9 millones; un análisis de los reglamentos internos del Ejecutivo por 11 millones de pesos; el diagnóstico de las finanzas de la entonces Procuraduría General de Justicia por 8 millones de pesos; un estudio de comunicación estratégica por 3 millones de peso y se pagaron 17 millones 933 mil pesos por concepto de una estructura jurídica y financiera para una línea de crédito hasta 800 millones de pesos para el Gobierno estatal”. La auditoría informó a través del comunicado que está por concluir otra revisión donde se han detectado “32 millones 829 mil 490 pesos de operaciones similares con prestadores de servicios del Comité de Planeación del Estado de Baja California (Copladem)”.