COLIMA, Col. (apro).- Las fracciones de Morena y del Partido del Trabajo en el Congreso de Colima presentaron una iniciativa de reforma para prohibir que las corporaciones policiacas estatal y municipales sean utilizadas para brindar servicios de seguridad privada a empresas o a particulares. Esta propuesta fue motivada por el caso de los siete policías estatales asesinados, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública los comisionó a resguardar a empresarios mineros en el estado de Jalisco, a donde fueron enviados sin uniforme, en vehículos no oficiales y sin avisar previamente a las autoridades del estado vecino. La iniciativa, leída en la tribuna por el diputado Vladimir Parra Barragán, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, plantea reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado para restringir los servicios de escolta de las corporaciones policiacas, que permanecerían sólo para el gobernador, los altos mandos policiacos, así como a las personas que conforme a la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado deba prestárseles por el tiempo necesario y en la forma y cantidad adecuada. De acuerdo con el proyecto, las condiciones de seguridad pública del estado y de los municipios en la entidad “no nos permite que los policías sean comisionados a la prestación de servicios particulares, en los que se distraigan de su principal función que es brindar seguridad a toda la población y no sólo a quienes de forma particular puedan pagarla; por ello es que se propone suprimir esta posibilidad legal, porque frente al panorama actual, se requiere que se usen todos los elementos y recursos para brindar seguridad en las calles para todos y no para unos cuantos”. El legislador advirtió que existen elementos de las distintas corporaciones de seguridad pública, incluidas las de procuración de justicia, prestando servicios de seguridad personal a exgobernadores, exrectores y en general a exfuncionarios y sus familias, cuyos sueldos y demás prestaciones son pagados por el Estado, distrayéndose de esta manera no sólo al personal sino los recursos públicos a fines distintos de los previstos en la ley. “Es tiempo de que estos tipos de privilegios cesen, de que nuestros policías ya no sean utilizados como personal de unos cuantos, de que nuestros policías dejen esas encomiendas y se dediquen a cuidar de la población en general”, sostuvo Parra. La reforma planteada se centra en los artículos 106 y 110 de la respectiva ley para estipular que “la función de seguridad pública no podrá, bajo ninguna circunstancia, ser objeto de concesión a particulares. El Estado y los municipios no podrán prestar servicios de seguridad, custodia, traslado de valores, protección y vigilancia de personas o instituciones particulares, bajo ninguna modalidad, salvo lo dispuesto en el artículo 110 de esta Ley y lo previsto en la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima”. Además, el artículo 110 estipularía que la prestación de los servicios de seguridad que presten las unidades o agrupamientos de policía en los términos del párrafo anterior, deberá ser de forma razonable y adecuada, de conformidad con cada caso concreto. “Cuando se trate de los mandos policiales, deberá documentarse por escrito la necesidad de la medida implementada y dirigirse al superior jerárquico respectivo, informando de ello a quien ocupe la gubernatura del Estado o la presidencia municipal respectiva”. La iniciativa también incluyó una serie de cuestionamientos dirigidos al gobierno estatal, entre ellos las razones por las cuales los policías estatales estaban prestando un servicio de seguridad a personas en una jurisdicción ajena al estado de Colima, máxime si no existe fundamento legal para ello. Así también, inquiere por qué las patrullas en las que viajaban los policías asesinados no ostentaban visiblemente su denominación, logotipo o escudo, así como el número y color que las identificara como tales. Otras interrogantes fueron las siguientes: “¿Por qué no se impidió este tipo de servicios si ya se tenía conocimiento por parte del gobernador del estado de que no era la primera vez que se prestaban en un territorio ajeno al estatal? ¿Por qué, si se conocía del riesgo de la zona, expusieron a nuestros policías estatales? ¿Por qué no se informó de la comisión de los policías al Gobierno de Jalisco para pedir el resguardo previo de la zona?” La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su dictaminación y análisis.