Mexicali, B.C., (apro).- “Esto no va a parar aquí”, advirtió el gobernador Jaime Bonilla Valdez al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), y pidió al gobierno federal que le cancele la concesión del aeropuerto de Tijuana, porque mantiene insalubres las instalaciones y no paga los impuestos correspondientes. Luego del incidente de ayer, que llevó a la dirección del GAP a cerrar por media hora la terminal aérea, Bonilla Valdez --acompañado del delegado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), David Gutiérrez-- destacó que, al momento de iniciar la revisión sanitaria en las instalaciones, los empresarios se quejaron ante la Secretaría de Gobernación por una supuesta injusticia. Precisó que después de varios días de solicitar permiso para entrar al aeropuerto, finalmente el GAP autorizó por escrito el ingreso de verificadores de Cofepris, por lo que ayer, acompañados de elementos del ayuntamiento de Tijuana, entraron para inspeccionar restaurantes y establecimientos comerciales, pero durante hora y media fueron impedidos de hacerlo. Cuando por fin lo lograron, según narró el delegado de Cofepris, los restaurantes estaban vacíos, al igual que el resto de los locales, pero había señales de que comensales habían estado ahí. Al investigar de dónde se surtían de agua esos establecimientos, personal del aeropuerto dijo que tenían su propio pozo, y cuando los inspectores hacían la revisión, les advirtieron que había zonas con focos de infección. El verificador pasó un arco y de inmediato fue detenido por personal de seguridad, durante 12 horas. El GAP lo acusó de terrorismo e invasión de las vías internacionales, mientras otros elementos de Cofepris clausuraban 10 establecimientos. Cuando ingresó a las bodegas y refrigeradores de la aerococina, el propio delegado de Cofepris se percató que los alimentos no estaban a temperatura y ya habían caducado. Y mostró que la comida que no se vende o les sobra en los restaurantes, es arrojada a un basurero contiguo, a cielo abierto, lo que –subrayó- se convierte en un foco de infección. Bonilla y el delegado mostraron fotos de un área de aproximadamente cinco por cinco metros, lleno de basura, que se encuentra en el mismo perímetro del aeropuerto. El verificador de Cofepris finalmente fue liberado a las 4 de la madrugada, pero el gobernador dijo que no frenará las medidas impulsadas para exigir el cobro de impuestos al aeropuerto. “Esto no va a parar aquí, este no es un gobierno como los anteriores. Nosotros somos muy resistentes a ese tipo de cosas, somos aves de tempestades, sabemos cómo lidiar con estas gentes y tarde que temprano tienen que corregir esto o tiene el gobierno federal que cancelarles su concesión”. Añadió: “Yo le pido al gobierno federal por este conducto que les cancele la concesión a estas personas. No se merecen menos, han abusado de Baja California, han infectado quién sabe a cuánta gente, esto se tiene que acabar. Tenemos que seguir adelante con las inspecciones y no nos vamos a dejar amedrentar”. Luego volteó hacia el delegado de la Cofepris y le dijo que tiene todo el apoyo del estado para seguir revisando. De acuerdo con el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, el aeropuerto debe 700 millones al municipio en diversas contribuciones como predial, agua y licencias de venta de alcohol, entre otras.