La CEDHJ documenta desaparición y detenciones ilegales y arbitrarias contra manifestantes

jueves, 18 de junio de 2020 · 20:44
GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió un informe especial sobre las manifestaciones registradas del 4 al 9 de junio en la entidad, y documentó diversas violaciones a derechos humanos, entre ellas detenciones ilegales y arbitrarias, retención y desaparición de personas, así como agresiones por parte de policías. Dentro del informe especial del organismo destaca la manifestación del viernes 5, cuando personal de seguridad pública y de la Fiscalía General del estado (FGE) cometieron actos ilegales y represivos contra los manifestantes y otras personas que iban de paso. La CEDHJ recabó testimonios donde se afirma que varias personas fueron privadas de la libertad, las subieron por la fuerza a camionetas y vehículos sin placas, les robaron o destruyeron sus pertenencias, particularmente celulares, recibieron amenazas e intimidaciones de que les harían daño, y al final los llevaron a lugares lejanos al sitio de la manifestación. En redes sociales, la Unidad de Análisis y Contexto de la CEDHJ reunió 16 declaraciones que implican a 35 víctimas, y más de la mitad de los arrestados fueron hombres, cuyas edades estarían entre los 18 y 23 años, aunque también se detectó a un menor de edad.
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Vinculan a proceso a comandante por detenciones durante protestas en Guadalajara Cinco testigos expresaron que fueron obligados a subir a una camioneta tipo Van, con un logotipo comercial de Banquetes Doña Mary. Los afectados estiman que participaron de dos a 15 agentes para forzarlos a subir a los vehículos, mientras que un testigo relató que en la agresión hacia los manifestantes habrían intervenido 50 policías, quienes usaron palos. De las denuncias recabadas, 56% manifestó que recibió agresiones físicas, poco más de 37% fueron torturados psicológicamente mientras les aseguraban que serían desaparecidos o descuartizados, y a casi 82% los amenazaron. Las víctimas fueron abandonadas en cinco diferentes lugares: Cerro del Cuatro, Toluquilla, Los Olivos, Las Pintas y el cruce de Periférico y 8 de Julio. Del 4 al 6 de junio la CEDHJ emitió nueve medidas cautelares, y recibió 62 quejas de manifestantes y de dos de policías investigadores. El organismo detalló que, en ese mismo periodo, su personal documentó la detención de 45 personas, ocho de las cuales eran menores de edad, cuatro mujeres y el resto hombres. La CEDHJ también recabó quejas de los dos policías ministeriales detenidos por el presunto abuso de autoridad cometido el 5 de junio, y dictó medidas cautelares para permitirles ver a sus familias, respetar su debido proceso, garantizar su integridad física y tener a un representante legal, puesto que se los habían negado. Planteó que se requieren cambios urgentes, como la implementación de protocolos de actuación policial para controlar multitudes y manifestaciones, y dar equipamiento adecuado para hacer frente a ese tipo de situaciones. También propuso al Congreso local reformar la ley para que la Fiscalía sea autónoma, es decir, que no dependa más de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, que forma parte del gabinete de Seguridad del gobierno estatal. A la Coordinación Estratégica de Seguridad, así como a la Secretaría de Seguridad y a las Comisarías de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que intervinieron en los hechos, les pidió que abran una investigación interna para identificar a los elementos que permitieron violaciones de derechos humanos, y se les finque un proceso de responsabilidad administrativo. De igual manera, demandó que se brinde tratamiento médico y psicológico a las víctimas, en caso de requerirlo; realizar un acto público para pedirles una disculpa, y garantizarles su derecho de libre manifestación. A la FGE le pidió que identifique a los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos antes descritas y los someta a procedimiento judicial, y que se repare el daño a las víctimas. Finalmente, exigió que cesen los actos de intimidación contra los manifestantes y familiares en sus domicilios.

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