La estela de muerte alrededor de Navarrete Serna, capo del CJNG caído en desgracia

domingo, 7 de junio de 2020
XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).– La ejecución de Francisco Navarrete Serna “El Primo”, exlíder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz, dejó una estela de muerte de al menos diez personas asesinadas y cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca en la Cuenca del Papaloapan. El entonces gobierno de Enrique Peña Nieto admitió, tras un semestre de torpes investigaciones, que los jóvenes desaparecidos en enero de 2016 fueron ejecutados y sus restos carbonizados en “El Limón”, un narco rancho del municipio de Tlalixcoyan. Navarrete Serna fue liberado del penal de alta seguridad de Gómez Palacio, Durango, en agosto del 2019 por fallas en el proceso penal. Fue acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada, así como portación de armas exclusivas del ejército. Dos meses después, “El Primo” se volvió un empresario periodístico e inauguró el “Sol de Tierra Blanca”, con el padrinazgo de la diputada local de Morena, Margarita Corro, quien desde el Congreso local admitió que era “su compadre” y una gente que “enmendó su rumbo” y “puso su negocio”. El exlíder del CJNG fue acribillado el pasado viernes 29 de mayo por la noche en el salón Yemanya de Tierra Blanca; en el atentado perpetrado por un grupo de sicarios hasta ahora desconocidos también perdieron la vida otras seis personas. Las últimas acciones en vida de Navarrete Serna, documentadas por una transmisión en Facebook Live del “Sol de Tierra Blanca”, fueron subir a cantar con el grupo “La Calle” –agrupación musical contratada exprofeso para un concierto virtual para los lectores del periódico digital–. “El Primo” entonó las canciones, Amor Traicionero, de La Orquesta Guayacán, Quizás, del cubano Oswaldo Farres, y Lamento Borincano, de Rafael Martínez “El Jibarito”. A media canción de El Jibarito, un emocionado Navarrete Serna rompió los acordes melodiosos para dirigirse al público virtual: “De esta nos levantamos mi pueblo, pero mientras, hay que quedarse en casa”. Un minuto después se escuchan dos ráfagas de armas largas; se alcanza a ver al propio Navarrete desenfundar un pequeño revolver y correr hacía una esquina para responder la agresión. La transmisión se corta. Se desconoce sí alcanzó a disparar a alguien. Un par de horas después, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmaría el deceso de seis personas, un par de días después, en un hospital de la localidad, también se confirmaría el deceso del músico Alberto Muñiz. En el ataque también perdió la vida un empresario restaurantero propietario del salón “Yemanya”, otro músico de “La Calle”, un técnico de sonido y el excapo del CJNG. Medios locales también reportaron herida de dos balazos a una joven sobrina de Francisco Navarrete. Al cierre de esta edición, el estado de salud de la joven se reporta como grave. El gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez tardo tres días en reaccionar a la masacre. En la postura oficial, echa a través de un tuit, ni siquiera se atrevieron a dirigirse a la ejecución de siete personas o al ataque dirigido a Francisco Navarrete Serna, cuya detención presumieron los priistas Enrique Peña Nieto y Javier Duarte de Ochoa. Ello, pese a que en la Cuenca del Papaloapan era conocida la relación de amistad entre Navarrete y alcaldes priistas de la región, y su apoyo a la campaña del entonces diputado federal del PRI, Tarek Abdala, hoy acogido como “testigo protegido” de la FGR en el expediente de Duarte, condenado a 9 años de prisión por asociación delictuosa y “lavado de dinero”. “En la Mesa de Seguridad se revisaron las acciones operativas de fin de semana, se dará puntual seguimiento a las investigaciones de los hechos delictivos con un claro mensaje: en Veracruz ya no hay impunidad para delincuentes que pretenden ajustes de cuentas entre bandos”, fue toda la alocución de Cuitláhuac García, actual mandatario veracruzano.  
La narcopolicía de Veracruz…
La aparición en el radar delincuencial de Navarrete Serna en México se remonta a enero del 2016, cuando fueron detenidos por policías estatales, al mando del comandante, Marcos Conde –hoy en prisión– y luego entregados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) los jóvenes José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arroniz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16. Los jóvenes volvían por carretera a Playa Vicente desde el puerto de Veracruz, donde habían pasado un fin de semana visitando discotecas, la playa y un casino. Fueron interceptados por la policía estatal en el módulo de seguridad pública de Tierra Blanca. Desde ahí, padres y familiares de los jóvenes que fueron “levantados” por policías estatales emprendieron una tenaz búsqueda. Una veintena de personas –liderados por la familia Benítez– acampó por dos meses en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Tierra Blanca; el padre de José Benítez –del mismo nombre– empezó un carrusel de medios en la Ciudad de México, visitas a Proceso, al noticiero de Carmen Aristegui, a Univisión, Televisa, MVS y otros medios para exigir la aparición con vida de los cinco jóvenes de Tierra Blanca. Incluso a través de Apro, el comerciante Bernardo Benítez mandó un mensaje a los captores de los cinco jóvenes en donde les ofrecía un intercambio de padres por hijos, sin culpas, ni presencia de autoridades, con la única condición que sus hijos volvieran con vida. La noticia tuvo repercusión en la BBC de Londres, France 24 de Paris y en el New York Times de Estados Unidos. https://www.proceso.com.mx/428326/padres-de-desaparecidos-en-tierra-blanca-ofrecen-entregarse-al-cjng-a-cambio-de-sus-hijos Un mes después de la desaparición de los cinco jóvenes, autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) darían con el rancho “El Limón”, un campo de exterminio en donde fueron encontrados 800 huesos carbonizados, piel, cabello y algunas prendas de ropa. Días antes, en un operativo multipublicitado por el Gobierno Federal, fue detenido en Tierra Blanca Francisco Navarrete Serna y dos sicarios más, señalados de ser integrantes del CJNG. A través de una reunión en la Ciudad de México, el entonces subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, mandos de la Gendarmería Nacional, Policía Científica y el entonces Fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo –excarcelado en septiembre del 2019, acusado de desaparición forzada en modalidad de ocultamiento– darían a los familiares de Playa Vicente la noticia de que sus hijos habían sido asesinados. “Donde encontraron a mi hijo hay cientos de personas calcinadas. La Gendarmería y la Policía Científica no nos supieron especificar cuántos”, narró vía telefónica Bernardo Benítez al reportero. Del hijo de Benítez sólo se logró su identificación a través de un fémur. En el caso de Mario Arturo Orozco sólo se encontraron “manchas hemáticas” correspondientes a su ADN en una playera. De José Benítez, Susana Tapia y Alfredo González jamás se logró encontrar alguna prueba fehaciente de que hayan sido carbonizados o que pudieran continuar con vida. El gobierno federal concluyó que “estaban muertos”. En la promesa de no impunidad por parte de Peña Nieto, Roberto Campa, Javier Duarte y Luis Bravo, y que continuaría en el bienio local de Miguel Ángel Yunes y su fiscal, Jorge Winckler –hoy prófugo de la justicia acusado de tortura y desaparición forzada– se emprendería una cacería de policías estatales involucrados en nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una veintena de ellos fueron detenidos. La captura más significativa fue la de Marcos Conde, delegado de la SSP en Tierra Blanca –preso en un penal local de Cosamaloapan– y de sus policías, Ramón Reyes Hermida, René Pelayo Vidal, Luis Rey Landeche, Omar Cruz Santos, Omar Ruiz Tecalco, Otoniel Cruz Linares. En los primeros meses en prisión, Conde buscó al reportero a través de un abogado para evidenciar “actos de tortura” de la propia Fiscalía para que el delegado de SSP y varios de sus policías se incriminaran. Una vez hecho el primer contacto, el abogado se desistió de entregar la información porque aseguró que “temía por su vida”, aludía a que esa información “seguiría costando sangre”. En junio del 2016 –cinco meses después de la desaparición de los jóvenes de Playa Vicente– fue asesinada Lorena Conde, de 18 años. Un año antes, en julio 2015, junto con otros jóvenes fue encontrado “embolsado” y con huellas de tortura, Marcos Conde Jr., de 20 años, en la colonia Las Amapolas del Puerto de Veracruz. Ambos jóvenes eran hijos del comandante policíaco preso en Cosamaloapan. En julio del 2016, un mes después del asesinato de Lorena Conde, fue asesinado el periodista de “La Voz de Tierra Blanca”, Pedro Tamayo Rosas, reportero de formación cristiana que en diversas ocasiones acompañó a periodistas nacionales a entrar en la zona criminal que incluía el narco rancho “El Diamante”,  de Tres Valles, la primera fosa clandestina en el Golfo de México donde fueron hallados más de 30 cuerpos. “Malditos los que te hicieron eso. Eras mi niño tan hermoso… que amabas tu trabajo, me quitaron mi corazoncito”, gritó desconsolada en su funeral Socorro Rosas, madre de Tamayo. En aquel entonces, era de conocimiento público que antes de ser detenido, Francisco Navarrete ya tenía el proyecto del periódico “Sol de Tierra Blanca”, cuya dirección habría sido ofrecida a Pedro Tamayo, pero el periodista terminó siendo víctima de las circunstancias y “daño colateral” de una limpieza al interior del CJNG, tras un desplazamiento tácito y violento de Los Zetas. Paso un año para que Marcos Conde volviera a intentar hablar. En esta ocasión recibió al medio Blog Expediente (julio 2017) en la cárcel, donde declararía que Duarte “lo puso como chivo expiatorio”, incluso narraría como fue torturado por elementos de la Fuerza Civil para entregarse ante fuerzas federales y ante la opinión pública. Tras el asesinato de Pedro Tamayo, Esther Navarrete, hermana de “El Primo”, escribió a la revista Proceso que la detención de Francisco Navarrete fue parte de un burdo montaje para culparlo de un asesinato múltiple que no cometió. “Queremos detener esta difamación (sic) y agravio por la que mi hermano y toda la familia Navarrete Serna estamos atravesando desde el primer momento en el que fue presentado como un criminal y jefe de plaza de Tierra Blanca, Veracruz. Hemos perdido amistades y la confianza en nuestros allegados porque a los medios se les hace fácil creer las mentiras fabricadas por el mismo gobierno con la única finalidad de no cargar con una responsabilidad social y lograr presentar culpables, chivos expiatorios”. En esta estela de muerte que concluyó con la propia ejecución de Francisco Navarrete, el daño colateral lo vivieron los familiares y amigos del grupo de salsa y cumbia “La Calle”, uno de los sobrevivientes solo atinó a decir: “No debimos ir”. La impunidad y la procuración de justicia desde enero del 2016 hasta mayo del 2020 que comenzó con la desaparición de los cinco jóvenes de Playa Vicente, ya atravesó dos presidentes, tres gobernadores y tres fiscales de Veracruz, y nada ha sido resuelto.

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