MÉRIDA, Yuc. (apro).- En acción concertada, la empresa PAPO y el alcalde de Homún, Manuel Jesús Chi Chim, se desistieron de los recursos que interpusieron contra la suspensión que paralizó las operaciones de la megagranja porcícola en ese municipio maya, informaron los abogados de la contraparte. Dijeron que con esa argucia pretenden impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -que atrajo el asunto por la trascendencia que el fallo tendría en el ámbito nacional- se pronuncie sobre el caso de la megagranja de Homún y los perjuicios que la industria porcícola genera en la Península de Yucatán. El pasado 20 de junio la SCJN determinó atraer las revisiones que Chi Chim y la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) promovieron contra un fallo judicial que paralizó desde octubre de 2018 las operaciones de la granja en Homún. Abogados de la asociación civil Indignación, representantes de la infancia del pueblo de Homún y de la organización de lugareños Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) recordaron que, al atraer el caso, la  SCJN pretendía generar nuevos criterios, entre otros aspectos, en materia de protección ambiental, los derechos a la salud y de la infancia. Añadieron que al discutir el caso, el máximo tribunal del país revisaría las afectaciones que la industria porcícola está generando en las comunidades mayas de la Península de Yucatán y en áreas naturales protegidas como la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes de Yucatán.

Temor

“Las acciones de PAPO y del alcalde de Homún revelan el temor que despierta en la industria porcícola la observación y revisión por parte de los más altos niveles federales de las graves consecuencias medioambientales de su actividad en la península y de la violación de los derechos del pueblo maya y los derechos ambientales de todas y todos los que habitamos en Yucatán en que incurren”, destacaron. Consideraron que el desistimiento del alcalde de Homún “muestra, además,  hasta qué punto la empresa PAPO parece contar con complicidades en las autoridades de diversos niveles en el estado de Yucatán para continuar con las violaciones a los derechos del pueblo maya que se derivan del establecimiento de las mega granjas de cerdos”. En ese sentido insistieron en que la simultaneidad de los desistimientos de PAPO y el alcalde de Homún, mueve a sospechas de “posibles actos de corrupción y/o cohecho. Además de evidenciar el nulo interés de dicho funcionario por la protección de los derechos de los habitantes de Homún”. Ante las circunstancias, pidieron a la SCJN y al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa con sede en Yucatán, garantizar, pese a los desistimientos, “la seguridad jurídica de los quejosos”. Recordaron que en este juicio de amparo, “los demandantes son niños y niñas del pueblo maya de Homún, Yucatán”. Reiteraron que por lo anterior, los órganos de justicia “deberán ser enfáticos en establecer que el sobreseimiento de estas revisiones tiene como resultado que la suspensión definitiva otorgada a favor de los menores queda totalmente firme en tanto se resuelve el juicio principal, pues las razones por las que se concedió la suspensión definitiva siguen siendo las mismas”. Pidieron a los integrantes del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa y al Juez Segundo de Distrito, ambos con sede en Yucatán, que, en los asuntos que son de su conocimiento y están relacionados con el caso Homún, “garanticen la imparcialidad, la independencia y la autonomía judicial” así como el derecho al acceso a la justicia al pueblo maya de Homún.

Solicitan atracción

Finalmente, adelantaron que los representantes de los menores quejosos interpusieron una nueva solicitud de atracción a la SCJN sobre un recurso contra la resolución que negó a PAPO la modificación a la suspensión en octubre de 2019. Explicaron que dicho recurso se encuentra actualmente en manos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa con sede en Yucatán, “quien en otras ocasiones se ha mostrado parcial a favor de la empresa”. Señalaron que por ello resulta fundamental que la Suprema Corte atraiga dicho recurso de tal manera que pueda continuar el análisis del caso.