GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo investigar de manera diligente el ataque cometido por sicarios contra un anexo que operaba de manera irregular en Irapuato, y no dejar impune la muerte de 26 víctimas. El organismo señaló su preocupación por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran quienes residen en los centros de atención de adicciones, por lo que también llamó al gobernador a “realizar acciones encaminadas a garantizar los derechos de las personas en situación de adicción, con el fin de fortalecer su protección y el pleno respeto a sus derechos humanos”. La CNDH recordó que el pasado 6 de junio “se comunicó sobre el ataque al centro de atención de adicciones ‘Empezando nueva vida’, ubicado en el mismo municipio de Irapuato, en donde 10 personas fueron asesinadas por un grupo de personas armadas. Asimismo, se ha informado sobre el incendio de otro centro de adicciones, el 8 de febrero, y del secuestro de 23 personas, el 5 de diciembre de 2019, en otro centro de la misma entidad federativa”. El pasado viernes, en una comparecencia virtual de aproximadamente cuatro horas ante comisiones del Congreso local, el secretario de Seguridad Pública del estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, dijo tener conocimiento de que algunos de estos anexos “se han convertido en semillero de delincuencia organizada” “Se sabe, por algunos casos que no comentaré con nombre, que pertenecen a la delincuencia. Van y cometen sus fechorías y luego el lugar de resguardo es el propio anexo, por eso el grupo rival va y ataca en los anexos”, afirmó. Según el funcionario, se han realizado revisiones --en conjunto con la Guardia Nacional, la Fiscalía General del estado (FGE) y el Ejército-- a raíz de los varios ataques perpetrados contra al menos tres centros (todos en Irapuato), en los últimos siete meses, “para detectar dónde están los lugares que se abren para dar tratamiento de adicción a cualquier sustancia”, y lo que se ha encontrado es que muchos “no cuentan con permiso ni municipal, ni estatal, ninguna autorización de parte de autoridades sanitarias”. En estas revisiones, abundó, se han encontrado centros “que se convierten en verdaderas cárceles donde mayores de edad son recluidos en contra de su voluntad y son privados ilegalmente de la libertad”. Sobre el ataque cometido ayer en el anexo “Recuperando mi vida”, en la colonia Arandas de Irapuato, el alcalde panista Ricardo Ortiz Gutiérrez dio a conocer que se elevó a 26 el número de personas asesinadas, dado que dos murieron en el transcurso de la noche en los hospitales donde recibían atención. Entre los fallecidos hay por lo menos un menor de edad y jóvenes de 18 y 19 años. El alcalde confirmó que había algunas mujeres dentro del anexo –aunque la mayoría de los internos eran hombres--, mismas que presuntamente fueron liberadas o pudieron salir del lugar, aunque esto no ha sido aclarado por la FGE. Una de las personas heridas que recibió atención en un hospital es mujer, apuntó. Ortiz Gutiérrez dijo tener conocimiento de que el ataque fue cometido por seis o siete hombres con armas de alto poder que llegaron en dos vehículos, entraron al inmueble y en unos pocos minutos masacraron a quienes se encontraban dentro, para después salir por el mismo camino por el que llegaron. Asimismo, anunció que la Fiscalía se hará cargo de los gastos funerarios para los familiares de las víctimas que así lo requieran, a través del fondo de apoyo a víctimas, mientras que su gobierno “dará otros apoyos que sean necesarios”. Ortiz --alcalde de Irapuato por tercera ocasión-- reveló que el gobierno municipal tiene conocimiento del funcionamiento de 47 centros de rehabilitación o anexos, de los cuales sólo tres cuentan con permisos para prestar este servicio; otros 15 estarían en trámite de regularizarse y 29 más no cuentan con permisos. Sin embargo, deslindó a su gobierno de alguna responsabilidad, pues si se detecta algún anexo y se le sanciona y es obligado a cerrar, al poco tiempo “aparece en otro rumbo de la ciudad”. En tanto, en medio del silencio de la FGE --cuya área de comunicación anunció que proporcionaría un reporte sobre la mecánica de lo ocurrido y resultados de los primeros peritajes-- se reunió el Gabinete de Seguridad para revisar el caso. Tras matanza, revisión de anexos En un breve comunicado, el gobierno guanajuatense anunció que se hará una revisión a los anexos que operan en todo el estado (alrededor de 240, según un registro de la Secretaría de Salud del estado), coordinada por la Secretaría de Gobierno, y pidió a la ciudadanía reportar de manera telefónica si tienen conocimiento de alguno de estos centros de rehabilitación para personas con adicciones que operen de manera ilegal o anómala. La revisión se efectuará en coordinación con la Secretaría de Salud del estado y los 46 gobiernos municipales. “(Los centros de rehabilitación) deberán cumplir con toda la normatividad vigente, de lo contrario no podrán seguir funcionando”, se indicó en el comunicado. De igual manera, se afirmó que en la reunión del Gabinete de Seguridad “se acordó incrementar el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones para prevenir los sucesos lamentables”, como el ocurrido en el anexo “Empezando una nueva vida” de Irapuato. En esa reunión participó el alcalde Ortiz Gutiérrez, además de los titulares de la Zona Militar, la coordinación de la Guardia Nacional, la delegación de la Fiscalía General de la República, el fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca. “El gobernador del estado (…) habló con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos entre el estado y la Federación para hacer frente al problema de la inseguridad”, se precisó en el comunicado.