La historia se repite en Veracruz: cinco hombres fueron 'levantados” y su caso está impune
XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Con un emoticón gris de una calavera y un “tu amigo ya fue”, presuntos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) le avisaron vía WhatsApp a un amigo de cinco jóvenes “levantados” afuera del bar “Michelucas”, ubicado en Cerro Gordo, cerca de Xalapa, que ya ni buscaran a sus amigos: un taxista, un mecánico automotriz, un peluquero, un empleado de un taller de mofles y otros dos trabajadores de la colonia Miradores.
Cedrick Abdiel Ramírez Aguilar, de 19 años; Iván Aurelio Aguilar Villa, de 26 años; Marco Javier Reyes, de 30 años; Mario Figueroa Domínguez e Iván de Jesús Sosa Lagunes, ambos de 32 años, se reunieron en la peluquería y de ahí acordaron ir a comer mariscos y a tomar micheladas al bar “Michelucas”, ubicado a 39 kilómetros del centro de Xalapa. El plan sonaba bien.
Lo último que se supo de los jóvenes es una fotografía que Abdiel Ramírez, de 19 años, mandó a sus padres a las 17:00 horas del 2 de julio en el que avisó que había ido a convivir un rato con sus amigos a las afuera de la ciudad. Prometió volver por la noche a su casa. Abdiel tenía que trabajar al otro día con su papá en el taller de mofles. Ninguno de los cinco jóvenes regresó.
El taxi (placas XL-4533) en el que se fueron a Cerro Gordo aparecería desvalijado en la congregación de Chichicaxtle, a 20 kilómetros de ahí y ya muy cerca del municipio de Puente Nacional. Un corredor criminal que durante una década perteneció a la organización criminal de Los Zetas, pero que hoy es una región controlada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
A la medianoche del día 2 y durante la madrugada del 3 de julio, ya alarmados, los familiares de Iván Aurelio, Mario Figueroa, Iván de Jesús y Marco Javier también los empezaron a buscar con sus novias, otros con su círculo de amigos. Recorrieron la calle de Pípila –donde se encuentra la barbería y el taller mecánico- y nada, ni un sólo rastro.
Entrelazados por la causa común de la desaparición de cinco jóvenes, los padres de los clientes del bar “Michelucas” acudieron al lugar, les mostraron a empleados del bar, a comerciantes cercanos y a los vecinos, as fotografías de sus hijos en el lugar, como último punto de contacto. Sólo hubo versiones encontradas, información muy escueta y mucho hermetismo, tan común y sistemático en los casos de desaparición: que tuvieron una riña ahí y que fueron “levantados” por un comando armado con armas largas; pero otra versión señala que fueron “levantados” afuera del Michelucas y que los sicarios llevaban armas cortas y que se los llevaron en una camioneta Journey Roja y en una N200 plateada.
Por esta quintuple desaparición, la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas No Localizadas abrió la carpeta de investigación 118/2020/FGE. En dicha carpeta –fustigan familiares de las víctimas- todos los que han ido a declarar lo han hecho bajo la figura de identidad resguardada.
La dueña del “Michelucas” se ha negado sistemáticamente a declarar e incluso contrató a tres abogados para no rendir declaración. Peor aún, cuando la Policía Ministerial y elementos de la Fiscalía Especializada solicitaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia del bar el día 2 de julio, los empleados del bar alegaron que las cámaras “estaban descompuestas”.
El próximo 2 de septiembre se cumplen dos meses de la desaparición de estos cinco jóvenes, que inmediatamente evoca a la desaparición forzada de cinco jóvenes en Playa Vicente en enero del 2016 a manos de policías estatales, quienes entregaron a los jóvenes a manos de sicarios del CJNG.
Los jóvenes –concluyó el gobierno federal de Enrique Peña Nieto- fueron asesinados, descuartizados y sus restos carbonizados en un narco-rancho de Tlalixcoyan. Un par de años después, el gobierno de Veracruz, a cargo en ese entonces del panista Miguel Ángel Yunes Linares, terminaría junto con representantes del gobierno de Peña pidiendo una disculpa pública como último remedio y asunto olvidado en la opinión pública y en la procuración de justicia.
El capo a quien se le atribuyó involucramiento en la quíntuple desaparición forzada y posterior asesinato fue Francisco Navarrete Serna, presunto líder del CJNG en la zona cuenca de Veracruz y quien sería privado de la vida junto con seis personas más el 30 de mayo de este año durante una fiesta particular transmitida vía Facebook live. El hijo de Navarrete, del mismo nombre, sería privado de la vida una semana después.
En las declaraciones ministeriales concentradas en la carpeta 118/2020/FGE, un testigo de identidad resguardada refiere que Iván Aurelio Aguilar alcanzó a gritar antes de ser metido en la camioneta Journey Roja: “¿A mí porque me llevan?, ¡Yo no hice nada”.
Un familiar de Aguilar asegura que desde el “levantón de sus hijos” ha habido movimientos anormales en su celular durante todo el mes de julio, alguien lo activa por ratos, tanto el chat de WhatsApp, como el inbox de Facebook. Extrañamente, nadie ha solicitado recompensa por los jóvenes, pero si han existido amenazas del crimen organizado.
En el teléfono de Iván de Jesús también ha habido conexiones en WhatsApp de su teléfono e incluso le han cambiado fotografías en su avatar. Con otro de los jóvenes, utilizaron una tarjeta departamental para hacer una compra en línea.
Este domingo fue Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, madres y familiares de tres de los cinco jóvenes víctimas de desaparición forzada se apersonaron en la Plaza Lerdo –también conocida como Plaza Regina Martínez- para solicitar el cobijo y respaldo del Colectivo Familias Enlaces Xalapa, tienen mucho miedo, por la presencia tacita de una desaparición a manos del crimen organizado y también porque han recibido un trato brusco y déspota de la Fiscalía General del Estado (FGE) a raíz de una nota que apareció en una agencia de noticias y que ocasionó la irritación de la fiscal que lleva el caso, así como la de los Policías Ministeriales.
“Se van a cumplir dos meses de la desaparición de estos cinco chavos oriundos de Xalapa, no queremos que se repitan los errores y las pifias de lo ocurrido en Playa Vicente, queremos que la Fiscalía entregue resultados, no hay un solo detenido, no han podido lograr que en casi dos meses la dueña del bar declare. Yo creo está protegida por alguien de muy arriba”, reprochó a micrófono abierto, Carlos Saldaña Grajales, vocero del Colectivo Familias Enlaces Xalapa y quien desde noviembre del 2011 busca a sus hijos, Jesús Alberto y Karla Nayelly Saldaña.
Las madres de tres de los cinco jóvenes “levantados” hablan poco, sueltan monosílabos, se les ve la cara de terror y angustia reflejada en los ojos. Por separado logran hilar un poco más de datos y pistas. Reprochan que en dos meses poco saben de búsquedas de campo, de brigadas con drones o binomios caninos para buscar a los jóvenes en los municipios ubicados en la autopista Xalapa-Veracruz.
“No avanzan, o no quieren avanzar (en la Fiscalía), no hay una declaración que precise los hechos ocurridos en esa tarde, ¿Qué nos digan qué ocurrió?, la dueña del Michelukas se negó asistir a declarar, tras obtener un amparo, con la representación de tres abogados defensores. Y ya, la Fiscalía se quedó cruzada de brazos”.
Carlos Saldaña pidió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que no caiga en el mismo error de los gobernadores pasados: “ellos saben dónde están los delincuentes, saben quiénes son y saben dónde están los jóvenes y los queremos de vuelta, así como vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Las madres de dos jóvenes desaparecidos este 2 de julio lamentan haber dejado pasar mucho tiempo antes de exigir presión ante la opinión pública; sin embargo, confiesan que en la propia Fiscalía les exigieron no recurrir a la prensa para no “entorpecer” las investigaciones.


