CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el procedimiento aprobado por el Congreso de Nuevo León para sancionar al gobernador de esa entidad, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, por utilizar recursos públicos para obtener las firmas que le permitieron ser candidato presidencial en 2018. Por votación de tres ministros contra dos, la Primera Sala de la Corte resolvió que el procedimiento establecido por los diputados locales es inconstitucional, debido a que el método para iniciar un juicio político contra cualquier gobernador está previsto en la Constitución federal y no puede ser modificado por las legislaturas estatales. A propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la Primera Sala aprobó el proyecto de sentencia en el que se establece que hay una invasión de competencias y que cualquier sanción que se le deba imponer a “El Bronco” debe realizarse conforme a los procedimientos que contempla la Constitución federal sobre el juicio político. "El Congreso local (de Nuevo León) creó un procedimiento especial para sancionar al titular del Poder Ejecutivo local, en lugar de apegarse al sistema de responsabilidad contemplado a nivel Constitucional y también previsto en la legislación local para aplicar dichas normas en el proceso que se analiza". Con esta resolución, la Suprema Corte invalidó el procedimiento que el Congreso de Nuevo León aprobó el 23 de septiembre de 2019 para dar cumplimiento al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que documentó el uso de recursos públicos en la campaña presidencial de Rodríguez Calderón. Sin embargo, el fallo no implica que “El Bronco” quedó exonerado, ya que la propia sentencia advierte en sus resolutivos que el Congreso de Nuevo León puede iniciar el proceso para sancionar al gobernador ajustándose a lo que marca la Carta Magna en su artículo 110 sobre el proceso de juicio político, con el fin de destituir a un mandatario estatal y posteriormente encausarlo ante una autoridad judicial. "Se deja a salvo esa facultad para que, de estimarlo oportuno, el Congreso local regularice el proceso de atribución de responsabilidades que ordenó la Sala Regional Especializada del TEPJF, bajo los lineamientos expresados en esta resolución, tomando como base el sistema de responsabilidad política", señala un extracto de la sentencia aprobada hoy en la Primera Sala de la Corte. Los ministros Alfredo Gutiérrez Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo se sumaron a la propuesta del ministro González Alcántara, logrando la mayoría. En contraste, las ministras Margarita Ríos-Farjat y Norma Lucía Piña Hernández votaron en contra del proyecto.