COLIMA, Col. (apro).- Ocho diputados de Morena y del PT interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de autorización de un endeudamiento por 740 millones de pesos, aprobado el pasado 7 de julio al Poder Ejecutivo estatal en un proceso legislativo cuestionado. Suscribieron el documento entregado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los diputados morenistas Vladimir Parra, Claudia Aguirre, Livier Rodríguez, Araceli García, Arturo García y Rogelio Salinas y los petistas Ana Karen Hernández y Mayra Villalvazo. Entre los argumentos del recurso se reclaman seis acciones como inválidas, la primera de ellas es el acto preparatorio y la aprobación del dictamen por parte la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado de Colima, así como el acuerdo número 40 donde se autorizó como recinto legislativo la sede del FSTSE. Otros actos reclamados son el decreto número 286 aprobado en la sesión número 12 por el que se autoriza contratar uno o varios créditos por un monto hasta de 740 millones de pesos; así como la promulgación y publicación de dicho decreto en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. De acuerdo con la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, también se busca invalidar todos los actos preparatorios y la propia celebración “de manera virtual” de la Sesión Pública Ordinaria Número 11 y así como los de la sesión número 12, ambos del segundo periodo del segundo año de ejercicio constitucional, por haberse realizado violando la legalidad de los procesos. Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Vladimir Parra Barragán, expuso que el gobernador mintió al pueblo de Colima respecto del tema de la deuda, puesto que los recursos del crédito llegarán posiblemente hasta enero; “quieren hacer un negocio a costa de la gente, a costa de las generaciones de colimenses que van a pagar por 20 años esta deuda”. “Ese recurso no es para covid-19”, insistió Parra, a la vez que recordó que el gobernador pidió 100 millones de pesos en un crédito a corto plazo, y no se ha informado sobre ese recurso. Señaló además que sobre esos 100 millones se han presentado diversas anomalías, “un desorden”, puesto que se compró equipo médico a sobreprecio; llegaron menos ventiladores de los que se habían anunciado; “hasta el momento no ha habido reconversión hospitalaria, no hay un plan ni una estrategia de salud”, indicó el coordinador de la fracción de Morena. Señaló que el gobernador es incongruente, ya que se refleja en la gente el nivel de rechazo que tiene, siendo el peor evaluado en la historia de Colima. “Se sigue yendo a reuniones fuera del estado, con banquetes, amplios dispositivos de seguridad, sin respetar medidas de salud y quiere imponer medidas coercitivas a quien no utiliza cubre bocas”, indicó. A su vez, la diputada Araceli García condenó que a los adultos mayores en Colima, desde el año pasado no se les esté pagando la pensión por parte del gobierno del estado, caso contrario al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha adelantado la pensión universal para que durante la contingencia por el covid-19, puedan cubrir sus necesidades. “Es una vergüenza que el gobierno del estado le diga a los adultos mayores que se queden en casa cuando no les paga su pensión para cubrir lo más básico”, dijo. Sobre la denuncia interpuesta por el diputado Guillermo Toscano en contra las y los diputados que tomaron el Congreso para evitar la aprobación de la deuda, la diputada Claudia Aguirre manifestó que, “estamos en la mejor disposición para comparecer (ante la Fiscalía) el día que nos citen, sin ningún problema, puesto que nosotros no hemos cometido ningún delito”. Mencionaron que la historia va a juzgar a quienes con sus acciones están convalidando este crédito y que por otro lado, se reconocerá a las y los diputados que se están oponiendo a este atropello y que están demostrando su compromiso con el pueblo y no con unos cuantos políticos del viejo régimen. Finalmente recordaron que además de la Acción de Inconstitucionalidad también han presentado otros dos recursos, ante la Comisión de Derechos Humanos y ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.