La última vez que cruzó palabra con Gerardo Sosa Castelán fue el 24 de febrero de 2019 en la funeraria Arriaga de Pachuca. Cuando se acercó al presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) para darle el pésame por el asesinato de su hijo, ocurrido la víspera, él le dijo: “ya ves, cabrón, me lo descuidaste”.
Hoy ambos están en prisión: Sosa, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de ser la cabeza de una organización criminal que sustrajo 58 millones de pesos de la UAEH entre 2011 y 2018; Fernando, en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, acusado de ser el homicida de Gerardo Sosa hijo, ultimado a tiros en Acaxochitlán.
Fernando y Gerardo Sosa Cravioto se conocían desde niños; además, en los últimos años trabajaron en la administración del rancho Yemila, en el municipio rural de Acaxochitlán, Hidalgo.
Desde el penal en el que está recluido, Fernando asegura ser un “culpable fabricado” por la procuraduría estatal, influida por el poder político de Sosa Castelán.
Para defenderse, expone dos razonamientos: antes de morir, Gerardo habló con su padre y, afirma, en ningún momento lo acusó de haberle disparado. Secunda su dicho con la carpeta de investigación, que no contiene un testimonio de este tipo por parte del presidente del Patronato Universitario.
Su otro argumento es que las personas que describieron al supuesto agresor, testimonios con los que la procuraduría elaboró un retrato hablado, lo conocen y no lo mencionan como el responsable.
Gerardo Sosa Cravioto era accionista, con su padre y sus hermanas Adriana y Ana Carmen, en la constructora Grupo Inmobiliario Bujarín. Contra Adriana y Ana Carmen hay una orden de aprehensión por recibir transferencias de dinero de la universidad mediante la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI, caso por el que su padre está en prisión.
Además, el asesinato de Gerardo ocurrió después del congelamiento de cuentas a la UAEH por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras una alerta de la DEA estadounidense por posible lavado de dinero, después de identificar movimientos inusuales en el extranjero que ascendían a 151 millones de dólares.
La acción de la UIF es la que detonó la aprehensión de Sosa Castelán y por la que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló la imputación de la causa penal 263/2020.
Los dichos y los hechos
El día del atentado, Fernando asegura que él estaba en Pachuca, con su familia, cuando su padre tocó a su puerta, en un condominio donde viven en la colonia Centro, que tiene puerta frente a puerta: “‘oye, hijo, ¿ya te enteraste’’. No, padre, ¿de qué? ‘Mataron a Gerardo’. ¿Cómo que mataron a Gerardo? ‘Sí, hijo, está ahorita en las noticias’. No pues es una noticia muy fuerte, mejor vamos a ver al licenciado”.
Al día siguiente acudieron al velorio. Pasó su padre y se abrazó con “el licenciado”, se conocían de más de tres décadas porque él fungió como director de Proyectos y Obras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por 25 años y, después, se fue a administrar el rancho Yemila, propiedad de los Sosa Castelán.
“Después, cuando yo le doy el pésame, literalmente me dice: ‘ya ves, cabrón, me descuidaste a mi hijo’. Esas fueron sus palabras, bien, bien las recuerdo”, rememora Fernando desde prisión, donde ha estado recluido ocho meses, ahora a la espera de la audiencia intermedia.
El mismo día que se cumplió un año del asesinato y se celebraba la misa por el primer aniversario luctuoso, Fernando fue detenido en la casa de su suegra en la colonia PRI Chacón de Pachuca.
De acuerdo con la imputación del ministerio público, ahí fue encontrada un arma, con la que presumen el asesinato, pero su familia asegura que fue sembrada; además, alegan que, durante el proceso, cuya investigación complementaria cerró el 29 de agosto, no les permitieron hacer un peritaje de balística.
El retrato hablado, según la fiscalía estatal, tiene una coincidencia de 85 por ciento, y lo suma al testimonio de una trabajadora de la universidad adscrita al rancho, Alma Delia, quien declaró que Fernando había defraudado la confianza de Gerardo hijo, que mostraba conductas violentas y tenía malos manejos financieros.
Fernando reconoce un distanciamiento con los Sosa desde el comienzo de 2019. La tesis de la procuraduría es que, como venganza por haber sido despedido, mató a su antiguo patrón, aunque Fernando sostiene que él renunció y que en el último mensaje que le envió a Gerardo le dijo que prefería irse si él ya no estaba conforme, por la amistad y los años que tenían de conocerse.
“Entrega todo al contador Alfonso Acosta”, le respondió, sin decir más. Fernando dice que tenía copia del acuse de renuncia, pero que cuando la casa de su suegra fue cateada sustrajeron toda su documentación.
No volvieron a hablar tras su salida de Yemila, pero insiste en que fueron demasiado cercanos: “acostumbrábamos irnos a echar unos tragos los sábados que cerrábamos el rancho”.
“Por ser una persona pública, su papá no dejaba a Gerardito ir a los bares o estar en antros en Pachuca, entonces
nos prestaban las casas universitarias: la casa de Mineral del Chico, la casa de Amaque (en Mineral de la Reforma), la casa de Actopan y la casa de Real del Monte, que todas tienen el logo de la universidad y son casas que utilizan para invitados o para convenciones”.
Por la cercanía que presume, Fernando asegura que Gerardo hijo le contaba de muchos proyectos, pero nunca le externó alguna preocupación o amenaza recibida por él o su familia, aunque cuenta que a partir de mayo de 2018 contrataron seguridad privada para ellos y sus propiedades.
“El licenciado no era de estar con escoltas ni nada y en el rancho nada más teníamos a un vigilante nocturno, sin arma, era más bien un velador”; no obstante, asegura que en esas fechas mandó seguridad privada a Yemila: un grupo a cargo de un comandante activo en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que identifica como Manuel Espino; además, cuenta que Sosa Castelán traía una escolta y asignó una más para su hijo, que, aunque en un principio la tuvo, rechazó en los meses previos a su asesinato.
En febrero de ese año, el exrector de la UAEH renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el que militó desde 1976, cuando era estudiante de la licenciatura en Derecho, un año antes de su asenso como líder de la extinta organización porril Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), desde la que despuntó políticamente.
Fue entonces que se alió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por cuyas siglas su grupo obtuvo nueve diputaciones locales y se convirtió en el más fuerte al interior del Congreso.
Sólo era el comienzo, el objetivo del también exlegislador federal y presidente del PRI en Hidalgo era la candidatura a gobernador en 2022, impulsado por el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es durante aquella alianza política que, asegura Fernando, Gerardo Sosa Castelán requirió escoltas y guardias para sus propiedades. Poderoso como era en Acaxochitlán, nunca las había necesitado. Lo seguían también en Pachuca, en sus oficinas del Patronato, y a cualquier parte donde se dirigiera.
La tesis del presunto culpable
“Si la relación era tan cercana, ¿por qué la familia Sosa no defiende a Fernando, por qué no refuta que esté en prisión acusado del asesinato de su hijo?”, se cuestiona al interno del Cereso de Pachuca.
“Eso, para mí, es lo más importante. Yo creo que, como padre, teniendo el poder político, el poder económico y el capital humano con el que cuenta el licenciado, estoy seguro que él llegó a la verdad”.
Entonces, ¿qué están encubriendo?”, se pregunta Fernando, que insiste en la conversación telefónica entre padre e hijo tras los disparos, herido, pero consiente, en la que pudo haber información sobre el atentado.
Cuando él ya estaba en la prisión, relata que su padre y Sosa Castelán, cercanos por 30 años, se reunieron en las oficinas del Patronato Universitario. Según él, el exrector tenía la certeza de que no era el responsable del homicidio, pero insistió en un señalamiento: “Fernando debe saber algo”.
“Ustedes deberían investigar”, le dijo Sosa Castelán a su antiguo empleado, pero ya no con el mismo trato, ahora endurecidas sus facciones y duro con sus palabras.
“No, no, no. Nosotros no tenemos por qué investigar, yo sólo le vengo a decir que mi hijo no es el asesino”, le respondió.
El licenciado, como se refiere siempre con reverencia al ahora preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, “parecía saber” que el homicida de su vástago no era el que la procuraduría de Hidalgo presentó ante la juez Janeth Montiel. No obstante, sus dichos cargaban recelo y fue por esto que la familia no le hizo petición alguna para que interviniera.
Fernando padre, un arquitecto jubilado, también se reunió con el procurador Raúl Arroyo González, a quien conocía de antaño porque es otro extrabajador de la universidad, desde la época que inició el control de La Sosa Nostra.
En su libro Política y Gobierno de Hidalgo, el fallecido historiador Arturo Herrera Cabañas –padre del actual secretario de Hacienda– ubicó a Arroyo como integrante de la primera alineación del grupo porril, del que denunciaba la violencia con la que se conducían sus integrantes, con Sosa a la cabeza.
Después, como académico, el actual fiscal fue director del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO, ahora ICSHU), al amparo del grupo, del que poco a poco comenzó a marcar distancia.
La reunión fue ríspida. Hubo recriminaciones por haber lanzado una campaña en redes sociales, Fer no lo mató, en la que acusan a su fiscalía de omisiones, y remató con una frase que sepultó toda posibilidad para ellos: “el caso se resolverá en los juzgados”, juzgados en los que, acusa la familia, existe injerencia política y una directriz: la condenación.
El ejido vinícola de los Sosa
Si había un proyecto que entusiasmaba a Gerardo hijo, a decir de su examigo, era el de producir vino en Baja California, en el valle vinícola más rico del país. Para esto, por medio de la UAEH, Sosa padre y miembros de su círculo íntimo se apoderaron de hectáreas en Valle de Guadalupe, en la cima de un cerro que tiene como vista las plantaciones vitivinícolas de LA Cetto y la firma Domecq.
“Gerardo hijo estaba muy emocionado por ese proyecto de hacer vinos. A él le encantaba mucho el vino tinto, entonces para él era un proyecto que cada momento que podía lo manifestaba”, relata Fernando, quien cuenta que en la única ocasión que fue convidado por los Sosa a observar los terrenos y conocer lo que sería otro patrimonio familiar al amparo de la casa de estudios no asistió por “motivos personales”, pero despidió a Daniel Alberto Sánchez Cabrera, director de la preparatoria 1, y a “Gerardito”, que hicieron el viaje.
Sánchez Cabrera, junto con Gerardo Sosa Castelán, Gerardo Sosa Cravioto y el exrector Humberto Augusto Veras Godoy –diputado local por Morena, con licencia– presentaron solicitud para que les fuera reconocida la calidad de avecindados para adquirir derechos parcelarios. Este era el primer paso del proyecto vinícola.
Contra Veras Godoy, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha dirigido sus investigaciones, al congelar sus cuentas e indagar su posible participación en la triangulación de recursos universitarios a las cuentas de la familia Sosa.
De los terrenos donde los Sosa preveían el imperio vinícola, 50 hectáreas fueron donadas por la Universidad Autónoma de Baja California a la UAEH, para que esta última invirtiera 300 millones de pesos en un centro de investigación de los procesos productivos de la vid; sin embargo, las parcelas no aparecen a nombre de la Autónoma de Hidalgo, sino de los cuatro miembros referidos del Grupo Universidad.
El origen de las diferencias
Fernando cuenta que, aunque “había muchísima confianza entre mi familia y la del licenciado Gerardo”, una de las razones de distanciamiento antes del homicidio fue que el líder del Grupo Universidad no le cumplió con darlo de alta en la universidad para que tuviera prestaciones legales –práctica que, asevera, ocurre entre los empleados asignados a empresas y propiedades de la familia Sosa–, pese a que, afirma, cumplió con los objetivos que le puso en el rancho.
Este argumento, el uso de bienes y capital, humano y económico, de la casa de estudios, fue utilizado por los representantes de la FGR en la audiencia inicial para mostrar el poder de Sosa Castelán dentro de la institución.
Su defensa contraargumentó que él, al principio, era sólo un profesor y después presidente del Patronato que, aunque responsable del manejo financiero, no con posibilidad de mandatar en toda la universidad y pasar por alto “órganos colegiados”.
El principal objetivo que Fernando debía cumplir era producir 120 mil litros de jugo al año. “Para eso son 240 toneladas de manzana y el licenciado tenía sus huertas, 36 hectáreas, pero no eran suficientes para hacerlo. Entonces, yo hice viajes a Chihuahua, me traje tres tráileres de 40 toneladas para llegar al objetivo.
“Cumplí mi objetivo, ahora sí que hasta con creces, y el licenciado se dio cuenta. Cuando llego ya a la reunión con él le dije: ‘pues ya cumplí, mi jefe, ahora le toca a usted’, pero me dijo: ‘no, espérame, ahora te voy a proponer que vendas el jugo que ya lograste, y luego platicamos’.
“Yo sí reaccioné mal y le dije: ‘sabe qué, licenciado, no es justo que me quede mal. Yo cumplí a cabalidad lo que me pidió y ahora me está cambiando la jugada’, y pues desde ahí también empezaron las diferencias laborales”.
A Sosa Castelán lo define como una persona difícil “en su trato, en su forma”, autoritario, “muy prepotente”.
La situación se agravó con la llegada de Alma Delia a Yemila, quien, dice, quedaría como administradora del rancho, mientras él sentía que empezaba a ser relegado.
Tras las diferencias, regresó a Pachuca y puso una cocina económica en el centro de la ciudad, en la que trabajó hasta ser detenido el 23 de febrero de 2020. Recuerda la cobija envuelta en su cabeza mientras escuchaba el ruido de las cosas al caer en la casa de su suegra.
Desde el Cereso de Pachuca, insiste en lo que ha dicho estos ocho meses: “yo no lo maté”, y ahora que Gerardo Sosa Castelán fue vinculado a proceso por indicios de su participación en lavado de dinero, añade: “el licenciado sabe que yo no lo maté”.
