GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación después de documentar que en 27 quejas recibidas por la desaparición de 34 personas, entre 2017 y 2019, personal de la Fiscalía General del estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no realizó investigaciones efectivas que permitieran la localización e identificación de las víctimas. La CEDHJ también señaló que diariamente son reportadas cinco personas como desaparecidas o no localizadas, tomando en cuenta que hasta el 31 de mayo se acumularon en el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición 7 mil 504 casos y para el 31 de agosto ya eran 9 mil 583.

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Jalisco: La verdad de los “tráileres de la muerte” Esto significa que en 15 meses se sumaron 2 mil 79 nuevas víctimas, es decir, 26% más. Y muchas desapariciones no se denuncian, por lo que el número de casos sería mayor, de acuerdo con el organismo. Sobre las 27 quejas, sostuvo que en 16 de ellas encontró que el agente del Ministerio Público (MP) omitió dar mando y conducción a la policía investigadora, por lo que no hubo indagatoria. Tampoco se tomaron en cuenta los datos relevantes que aportaron familiares de las víctimas para su localización. En otras cinco de las querellas halló que los denunciantes declararon que en la desaparición de sus familiares participaron personas armadas con uniforme, y en algunos casos se ostentaron como policías. La CEDHJ conoció que los agentes del MP tienen una enorme carga laboral que no les permite desempeñar su función con eficiencia. De acuerdo con la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), de agosto de 2019 a la fecha se crearon cuatro agencias en la materia, pero son insuficientes debido al aumento de desapariciones. En 2019, cada una de las 22 agencias de la FEPD recabó un promedio de 326 casos. En este año, con 26 agencias, atienden en promedio 368 denuncias, por lo que la carga laboral todavía es excesiva. En las 27 querellas señaladas por la CEDHJ se documentó la falta de coordinación entre el personal de la Fiscalía --responsable de las investigaciones de la desaparición de personas-- y del IJCF, puesto que no se reportan entre sí los datos que recaban. El organismo acreditó hasta un año de retraso en el IJCF para realizar los dictámenes y confrontas de genética de las personas fallecidas con las de familiares de personas desaparecidas. Asimismo, solicitó a la autoridad correspondiente la reparación integral del daño, y acceso a la verdad y a la justicia a las víctimas indirectas de las 34 personas desaparecidas conforme marca la ley. La CEDHJ concluyó que la Fiscalía y el IJCF, así como las autoridades de seguridad pública de los municipios donde ocurrieron las desapariciones, son responsables de la violación de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica. En tal sentido, demandó a ambas dependencias que, ante la carga excesiva de trabajo, requieran a las secretarías de Administración y de la Hacienda Pública que los proyectos de presupuesto de 2021 sean con perspectiva de derechos humanos. A los agentes del Ministerio Público a cargo de las indagatorias señaladas en la recomendación, les pidió esclarecer los casos y se abra un proceso contra los servidores públicos omisos, además de deslindar responsabilidades “desde el enfoque de desaparición forzada, lo cual es un delito de lesa humanidad". Y a la Fiscalía le reiteró que cuando localice a una persona fallecida, comparta la información entre sus diferentes áreas para saber si cuentan con reporte de desaparición, entre otras recomendaciones más.