VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Funcionarios del gobierno perredista de Arturo Núñez Jiménez cobraban “moches” de entre 15% y 30% a proveedores para pagarles facturas que quedaron pendientes en el gobierno priista de Andrés Granier Melo. Así lo denunció el gobernador Adán Augusto López Hernández, quien además sostuvo que hay denuncias penales ante la Fiscalía General del estado (FGE) por parte de empresarios afectados. Tras señalar que por la secrecía de las investigaciones no mencionaba nombres, deploró que el gobierno nuñista “se la pasara diciendo” que no pagaría deudas de Granier Melo y que incluso, si querían, que los proveedores presentaran demandas. Un empresario presentó denuncia ante la FGE en contra de un exfuncionario, “donde prueba cómo para pagarle sus facturas, le pagaron al funcionario, en efectivo, en la caja fuerte de un banco, el 20% del monto”, apuntó. Añadió: “Así como esas hay varias cosas, forma parte de una indagatoria y se guarda la secrecía del caso, pero hay varios, nosotros tenemos detectados a varios empresarios que cedieron al chantaje de ese funcionario y pagaron el 15 y el 20… hubo uno que entregó el 30%”, ventiló el mandatario morenista. De igual manera, recordó que un empresario que no ha querido presentar denuncia le platicó que entregó en la caja fuerte de una institución bancaria “seis millones de pesos de comisión y que todavía a los dos días le llamó el funcionario para decirle que habían contado el dinero y que le habían entregado 50 mil menos, y allá tuvo que ir a entregarle esos 50 mil pesos”.

23 denuncias penales y solo un preso

El pasado 5 de septiembre, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal, Jaime Antonio Farías Mora, anunció que se habían presentado 23 denuncias penales en contra de exfuncionarios nuñistas por el presunto desvío de mil 500 millones de pesos del ejercicio fiscal 2018, que no ha sido solventado. Las querellas fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la FGE, a partir de 65 auditorías del ejercicio 2018 (último año del sexenio nuñista), en las que se hallaron observaciones por 4 mil millones de pesos, de un monto fiscalizado de 13 mil millones. Farías Mora mencionó que los exfuncionarios implicados se desempeñaron en la Secretaría de Salud, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) e Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), entre otras dependencias. En noviembre de 2019, la cuenta pública 2018 del exgobernador Arturo Núñez fue reprobada por el Congreso local, por observaciones del Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) de más de 4 mil 497 millones de pesos. De todos los denunciados, el único que ha sido detenido y encarcelado es Juan José Martínez Pérez, quien se desempeñó como sub subsecretario de Obras Públicas del gobierno de Arturo Núñez y director del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC). Fue detenido en julio pasado, acusado de los delitos de ejercicio indebido de atribuciones en agravio del gobierno de Tabasco y del ITSC. Martínez Pérez, expresidente del Consejo Político Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también se encuentra bajo investigación por la “estafa maestra” en la que se encuentra implicado el ITSC, con más de 140 millones de pesos, a través de convenios de servicios suscritos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El ITSC no realizo? los trabajos convenidos con la Sedatu y no comprobó que las empresas subcontratadas también lo hicieran, pese a que se les pagó el 100% de los 140 millones de pesos.