Cuernavaca

Tribunal anula contrato a la empresa española Aldesem por socavón en Paso Exprés

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó que la empresa Aldesem se demoró con la instalación de drenajes en el Paso Exprés de Cuernavaca, lo que provocó que se abriera un socavón tres meses después de su inauguración
miércoles, 13 de enero de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La justicia federal asestó un revés a la empresa española Aldesem, que pretendía anular la rescisión del contrato que el gobierno de Enrique Peña Nieto le otorgó para modernizar el Paso Exprés en la carretera México-Cuernavaca, donde en julio de 2017 --tres meses después de su inauguración-- se abrió un socavón que causó la muerte a dos personas.

En su sesión de este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó que la empresa se demoró en las obras e incumplió con la instalación de drenajes, causas que tienen carácter de “grave y trascendente para justificar la resolución de rescisión de obra pública”.

“De haberse efectuado la obra durante el periodo de ejecución de los trabajos, la falla del socavón del 12 de julio de 2017 no hubiera ocurrido”, destaca la ponencia del TFJA aprobada hoy por unanimidad.

Para la realización de esa obra, la española Aldesem se asoció con la empresa mexicana Epccor, S.A. de C.V., cuyos dueños –la familia Gutiérrez Cortina-- estuvieron a cargo de la construcción de la polémica Estela de Luz en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

El del socavón del Paso Exprés fue uno de los innumerables casos de corrupción que caracterizaron la administración de Peña Nieto, pues el hoyo se abrió sólo tres meses después de que el exmandatario y su plana mayor asistieron a la inauguración.

Cuando comentó el fallecimiento de las dos personas, Gerardo Ruiz Esparza, entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), expresó sus disculpas a la familia por el “mal rato”.

Apenas en noviembre pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que documentó los retrasos, irregularidades y sobrecostos multimillonarios de la obra, interpuso denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para castigar a los funcionarios de la SCT que incurrieron en negligencia.

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