MÉRIDA, Yuc. (apro).- El gobernador Mauricio Vila Dosal envió al Congreso local una iniciativa para endurecer las penas por el delito de feminicidio de niñas y adolescentes en la entidad.

En dicha iniciativa --entregada este lunes al Legislativo por el consejero jurídico Mauricio Tappan Silveira-- se proponen modificaciones al Código Penal del Estado y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de feminicidio.

Actualmente el citado código prevé una pena por ese delito de 32 a 45 años de prisión y de mil 500 a dos mil 500 días de multa, con determinados agravantes que elevan la pena hasta un máximo de 60 años de prisión, como en los casos en que exista relación de parentesco, laboral, docente o sentimental entre el sujeto activo y la víctima.

La iniciativa propone regular un agravante para el caso de que la víctima sea menor de edad, con una pena mínima de 50 y una máxima de 60 años de prisión.

En cuanto a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, busca que la Fiscalía General del estado (FGE) y la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) tengan la facultad de sensibilizar e informar a las personas ofendidas sobre los efectos, implicaciones y alcances del procedimiento abreviado, cuando se trate del delito de feminicidio.

La iniciativa responde a los compromisos 91 y 92 del gobierno del estado, establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, y tiene como objetivo propiciar la igualdad de oportunidades para los grupos en situación de vulnerabilidad.

Tappan Silveira explicó que la intención es “regular la pena para el feminicidio contra niñas o adolescentes, es decir, mujeres menores de edad, así como aumentar la indemnización correspondiente cuando existan entre el sujeto activo y la víctima o las personas ofendidas del delito, los vínculos mencionados”.

Abundó: "La tendencia nacional al alza respecto a la comisión del delito de feminicidio es alarmante, y la Organización de las Naciones Unidas Mujeres destaca el peligro existente, en virtud de la heterogeneidad que existe entre ciertas entidades federativas del país y otras, siendo así que Yucatán requiere reforzar las medidas preventivas y punitivas para hacer frente al delito, con el objeto de erradicarlo".