CIUDAD DE MÉXICO. (apro).- Familiares y representantes legales de July Raquel Flores Garfias, víctima de tortura sexual, exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) agilizar la publicación de la recomendación que confirme los abusos a que fue sometida la joven acusada de participar en un homicidio en Xalapa, Veracruz, que la mantiene privada de la libertad en el penal de Pacho Viejo.

En conferencia de prensa, Etelvina Garfias, Martín Flores y Abraham Flores, madre, padre y hermano de July Raquel, acompañados de las abogadas del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Alejandra Elguero y Sofía de Robina, anunciaron la incorporación de la joven a la campaña “Rompiendo el Silencio Todas contra la tortura sexual”, en la que al menos 29 mujeres abusadas por fuerzas policiacas y castrenses mantienen la exigencia por eliminar esas prácticas.

Los familiares de July Raquel, rechazaron la participación de la joven en el homicidio de la rectora de la Universidad de Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, ocurrido el 29 de junio del año pasado, en Xalapa, Veracruz, al  sostener que el día del crimen se encontraba trabajando en un Jardín de Niños, de lo que tienen pruebas.

Etelvina Garfias urgió a la CNDH a proporcionarles los resultados del Protocolo de Estambul, a que fue sometida July Raquel, quien denunció que durante el traslado de la Ciudad de México, donde reside, a Xalapa, fue víctima de tortura sexual.

Al pedir a la CNDH que se emita la recomendación respectiva, para contribuir a “demostrar la inocencia de July” Etelvina Garfias insistió en que su hija, madre de dos menores, estaba en la Ciudad de México cuando ocurrió el homicidio, que cuando fue detenida no tuvieron “noticia de ella hasta después de tres o cuatro días”, y que les negaron verla una vez que llegaron a penal de Pacho Viejo.

Tras señalar que July le ayudaba en la venta de comida y a su padre en la jardinería, Etelvina denunció que la Fiscalía de Justicia de Veracruz, les ha obstaculizado el acceso a una carpeta de investigación abierta por los delitos de tortura denunciados por su hija.

Martín Flores sostuvo que han presentado varias pruebas que demuestran que su hija no participó en el homicidio, pero que hasta ahora no han sido tomados en cuenta para desacreditar las acusaciones de la fiscalía veracruzana.

Las abogadas del Centro Prodh resaltaron que el caso de July demuestra que la tortura sexual continúa siendo una práctica “generalizada y recurrente”, lo que ha sido evidenciado en el informe Con la Frente en Alto, que documenta un centenar de casos de tortura sexual, 29 de ellos sumados a la campaña “Rompiendo el silencio”.

Sofia de Robina resaltó que hasta ahora persisten lineamientos no atendidos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada en 2017, como lo es el registro de víctimas de tortura y el Programa Nacional de Prevención de la Tortura, que no se ha publicado.

La defensora agregó que el Estado mexicano ha incumplido el ordenamiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la tortura sexual en contra de mujeres de Atenco, relacionada con la elaboración de un diagnóstico de esta práctica, para emprender políticas públicas que combatan el flagelo.