Colima

Dan disculpa pública a psicólogo invidente acusado de sostener una relación con usuaria del ICM

El afectado trabajaba en la línea 075 de apoyo a mujeres del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM), fue acusado de sostener una relación con una de las usuarias, pero la CDHEC resolvió que no se respetó la presunción de inocencia y no tuvo acceso a alguien de su confianza ni al sistema Braille.
martes, 21 de diciembre de 2021 · 10:58

COLIMA, Col. (apro).- El Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) emitió una disculpa pública a un trabajador con discapacidad sensorial (visual), quien en mayo de 2018 fue despedido con engaños de esa institución, dentro de un proceso en el que sufrió discriminación y se violaron algunos de sus derechos, de acuerdo con la recomendación 16/2021 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC).

La disculpa fue expresada a José Gálvez Montes, quien se desempeñaba como psicólogo a cargo de la línea 075 de apoyo a las mujeres, y fue acusado de haber sostenido una relación sentimental con una de las usuarias, pero la CDHEC determinó que durante el procedimiento no se respetó su derecho a la presunción de inocencia, ni se le garantizó contar con alguien de su confianza o el acceso al sistema Braille.

La recomendación del organismo humanitario fue dirigida a finales de octubre pasado a la entonces presidenta del ICM, Mariana Martínez Flores, en cuyo periodo ocurrieron los hechos, y fue aceptada el 16 de noviembre siguiente por Catalina Suárez Dávila, la nueva encargada de despacho del instituto.

“Reconocemos la responsabilidad institucional por los actos y omisiones cometidos en el mes de mayo de 2018 por personal del Instituto Colimense de las Mujeres, que se tradujeron en la violación de sus derechos humanos de seguridad jurídica, igualdad y no discriminación y a un trato digno”, señaló Suárez Dávila mediante un video difundido a través de las redes sociales.

Añadió que el instituto no contaba con las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información, así como a las comunicaciones de las personas con discapacidad en igualdad real de condiciones que los demás.

Aunque reconoció que la disculpa pública no repara el hecho, señaló que sí contribuye a la reparación integral del daño ocasionado y tiene el propósito de restablecer su dignidad humana como víctima de violación a sus derechos humanos.

En ese sentido, Catalina Suárez indicó que el ICM se compromete al cumplimiento de la totalidad de las medidas que contiene la recomendación, “a implementar las medidas de accesibilidad pertinentes para lograr el ejercicio y acceso efectivo de los derechos humanos de todas las personas y, en el caso específico, de las personas con discapacidad; así como a implementar las acciones necesarias para que actos como los que hoy merecen una disculpa pública no se vuelvan a repetir”.

Asimismo, añadió Suárez Dávila, el instituto implementará un programa integral de capacitación e información dirigido a la totalidad de las personas prestadoras de servicios, que incluya temas relativos a los derechos humanos y en especial los derechos de las personas con discapacidad.

Por su parte, en su recomendación la CDHEC solicitó iniciar las investigaciones correspondientes sobre los hechos que derivaron del oficio IMMC024/2018, en aras de respetar el principio de presunción de inocencia y garantizando que tenga acceso a la información y comunicación mediante los medios idóneos para las personas con discapacidad visual, para lo cual el agraviado podrá decidir entre el sistema braille o asistido de una persona de su confianza.

La Comisión pidió brindar al ciudadano la atención psicológica y jurídica que requiera, no obstante, el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para la víctima, con su consentimiento, brindándose información previa, clara y suficiente.

Además de la disculpa pública, dentro de la recomendación también se solicitó iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se determinen las probables responsabilidades en contra de las y los servidores públicos que resulten responsables, a consecuencia de la violación a los derechos humanos del quejoso.

De igual manera, el organismo estatal requirió que se otorgue una compensación, de ser procedente y acreditable, o en su caso, se haga cargo de la reparación del daño moral que presente el afectado conforme al procedimiento y términos de la Ley de Protección de Víctimas en el Estado.

El afectado es invidente, trabajaba en la línea 075 de apoyo a las mujeres, fue acusado de sostener una relación con una de las usuarias, pero la CDHEC resolvió que no se respetó la presunción de inocencia, no tuvo acceso a alguien de su confianza ni al sistema Braille.

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