Hidalgo

Custodios favorecieron evasión de “El Michoacano”: PGJEH; familiares acusan fabricación de caso

En la operación en la que fue liberado "El Michoacano" por el comando se utilizaron tres autos bomba: uno a la entrada del Cereso y, en la huida, otro en la carretera Tula-El Carmen y uno en las inmediaciones de la refinería Miguel Hidalgo.  
jueves, 23 de diciembre de 2021 · 23:25

PACHUCA, Hgo. (apro).- Nueve custodios del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tula fueron vinculados a proceso, acusados de favorecer la evasión de José Artemio Maldonado Mejía, El Michoacano, líder del grupo criminal Pueblos Unidos; de su hermano Mariano, y de siete miembros más de su estructura delictiva. 

Tras la vinculación, por la que el juez de control emitió la medida cautelar de prisión preventiva, los familiares de los elementos de seguridad acusaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de irregularidades en la integración de carpeta y de forzar a uno de ellos para obtener una confesión, además de considerar que los detenidos son “chivos expiatorios” para presentar culpables de la fuga en la que Pueblos Unidos empleó tres coches bomba y derribó la entrada principal de la cárcel con una tanqueta hechiza. 

“Fueron atacados por un comando que utilizaba armas de alto poder, de grueso calibre, que los superaba en número. Quiero hacer mención que el Cereso de Tula no cuenta con amplias medidas de seguridad, como para tener ahí a un reo de la talla del Michoacano, y no cuentan los custodios con el equipo, ni con chaleco antibalas, y para empezar ni siquiera son suficientes, son pocos”, dijo a Apro O.M.S., esposa de C.H.A., de 39 años, asignado a la torre de vigilancia del penal y uno de los custodios que estuvieron la madrugada del primero de diciembre. 

En un comunicado, la PGJE sostuvo que los implicados  “favorecieron la evasión”, aunque no pormenorizó en los probables hechos. O.M.S., que estuvo en la audiencia inicial, asegura que el juez de control se inclinó hacia la versión de los representantes del ministerio público y no aceptó el argumento principal de los custodios, quienes declararon que fueron atacados por un grupo que, creen, “ante cualquier cosa que hicieran, los hubiera puesto en riesgo y también hasta la vida de los demás reos. ¿Por qué? Porque traían granadas, traían lanzacohetes y toda una estrategia de evasión”.  

O.M.S, originaria de Tula, jornalera agrícola, piensa que “a la primera que este comando hubiera visto una resistencia, aventaba una granada y volaba medio Cereso”.   

Ella, al igual que otros familiares que comienzan a agruparse para continuar la defensa, argumentan que los custodios habían alertado sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en el Cereso, porque no contaban con la capacidad de fuerza ni de armamento para resguardar reos de alta peligrosidad, como el Michoacano, y, antes, su hermano Mariano Maldonado Mejía, El Gordo o El M, segundo en la estructura del grupo criminal Pueblos Unidos.  

“Queremos hacerle un llamado al gobernador: que no se nos hace justo como familiares que los hayan vinculado a proceso; que quiere entregar resultados de que en Hidalgo está bajando la delincuencia, cuando no es verdad. Nuestro Valle del Mezquital está devastado y es por todos sabido que hay asesinatos, hay asaltos, hay robo, hay secuestro. Con el Michoacano hubo atentados con coche bomba y apenas acaban de matar a un MP”, señaló, en referencia al homicidio de un agente de la Fiscalía General de la República (FGR), el 21 de diciembre, afuera de una tienda de conveniencia en Tula, donde lo atacó un comando armado frente a una menor de cuatro años, que lo esperaba en el vehículo en el que se transportaban. 

“¿Cuál es el resultado del gobernador (contra la inseguridad en la región)? Poner a disposición a los ‘peligrosos’ custodios. No somos gente del Michoacano, porque si fuéramos gente del Michoacano, ni el mismo Michoacano nos hubiera abandonado, como nos está abandonando el gobernador”, juzgó O.M.S., al reclamar que la dependencia de la que es parte el personal de guardia penitenciaria, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, los dejó sin ningún tipo de apoyo y en indefensión ante lo que asegura es un caso dictado “desde arriba”, para entregar supuestos culpables, cuando cree que si hubo verdaderos implicados para facilitar la evasión, éstos se encuentran libres. 

Su esposo, mencionó, originario de la Huasteca hidalguense, tiene 21 años en tareas de seguridad, nueve en el Ejército Mexicano, posteriormente en la Policía Industrial Bancaria y desde hace cinco años como custodio en Cereso. 

“Ha pasado cada dos años por sus exámenes de control de confianza, que se supone lo practica personal calificado. No es cualquier examen, es un examen que dura de dos tres días en el que están psicólogos preparados, que lleva un examen psicométrico, toxicológico y tiene que hacer declaraciones de cuánto gana, en qué lo gasta y todo”, argumentó, al tiempo que afirmó que los hoy presos en el penal de Pachuca fueron quienes no pudieron pagar cinco mil pesos para ampararse, aunque no los únicos que estuvieron aquella madrugada, porque, de acuerdo con la información que han recabado, había 16 elementos. 

“¿Cuál fue la amplia investigación de la procuraduría? Únicamente llegar, agarrar a los custodios… uno de ellos, el día inicial, fue torturado, fue golpeado para obligarlo a declarar cosas no fundamentadas, cuando todavía no se revisaban las cámaras de seguridad y todavía los peritos no hacían su trabajo, el mp ya tenía ahorcando a un custodio para inculparse”, denunció, aunque no proporcionó el nombre del supuesto agraviado y dijo no contar con más información al respecto.   

En la operación en la que fue liberado El Michoacano por el comando se utilizaron tres autos bomba: uno a la entrada del Cereso y, en la huida, otro en la carretera Tula-El Carmen y uno en las inmediaciones de la refinería Miguel Hidalgo.  

Pueblos Unidos, el grupo que lidera Maldonado Mejía, es, según inteligencia estatal, una supuesta reagrupación de Emes o los Maras, ahora establecidos en la comunidad de La Loma, en Tepetitlán, pueblo erigido sobre la infraestructura mediante la cual Petróleos Mexicanos (Pemex) traslada el hidrocarburo.   

Este grupo había anunciado una “cacería” contra huachicoleros entre junio y julio pasado a través de videos difundidos en redes sociales. Tras ello, el gobierno minimizó su capacidad de fuego, al poner incluso en duda si las armas con las que se exhibían eran reales o de utilería. 

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