Oaxaca

Aprueban Ley Ingrid en Oaxaca: hasta 7 años de prisión a la autoridad que filtre imágenes de un crimen

Por mayoría de votos, la 64 legislatura local aprobó reformar el Código Penal del Estado de Oaxaca, a fin de establecer castigos al servidor o servidora pública que filtre y difunda imágenes explicitas de un asesinato.
sábado, 20 de febrero de 2021

OAXACA, Oax. (apro).- El Congreso local aprobó este viernes la Ley Ingrid al reformar el Código Penal, que incluye de dos a siete años de prisión a la autoridad que filtre y difunda imágenes de un crimen o de las víctimas.

La iniciativa aprobada por el Poder Legislativo deriva del lamentable hecho en el que la ciudadana Ingrid Escamilla fue víctima de feminicidio a manos de su pareja. Un día después, diversos medios de comunicación y usuarios de redes sociales difundieron imágenes explícitas del crimen, por lo que se infiere que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habrían filtrado la información.

Por mayoría de votos, la 64 legislatura local aprobó reformar el Código Penal del Estado de Oaxaca, a fin de establecer castigos al servidor o servidora pública que filtre y difunda imágenes explicitas de un asesinato.

La modificación consiste en la adición de la Fracción VII al Artículo 207 de la legislación en mención, con la que se establecen de dos a siete años de prisión y de 30 a 50 días de multa a la persona que cometa la falta señalada.

El nuevo texto precisa que comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público quien difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, documentos, audios o videos del lugar de los hechos del hallazgo; indicios, evidencias, objetos de cadáveres o parte de ellos.

También incluye a quien difunda imágenes sobre las circunstancias de su muerte, las lesiones o estado de salud de personas, mujeres, niñas, niños, adolescentes, integrantes de la comunidad LGBTTIQ, o de instrumentos relacionados con un hecho que la ley señale como delito.

La reforma fue impulsada por las diputadas Magaly López Domínguez, Hilda Graciela Pérez Luis, Arcelia López Hernández, Laura Estrada Mauro y el legislador César Morales Niño.

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