OAXACA, Oax. (apro).- Por un “fallo arbitrario” de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que favoreció injustificadamente a la empresa Eólica del Sur, los pueblos indígenas zapotecos del Istmo de Tehuantepec sufren graves violaciones a derechos humanos, aseguró la directora ejecutiva de Global Rights Advocacy, Alejandra Gonza.

“Por décadas, el gobierno mexicano permitió la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, sin consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, sin el diseño de beneficios compartidos y sin exigir a las compañías que trabajen con la debida diligencia”.

En síntesis, apuntó, Eólica del Sur y el gobierno “impusieron un proyecto predeterminado y de imposible modificación”, razón por la que los afectados recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde septiembre de 2019 y el caso se encuentra pendiente de resolver.

El proyecto Eólica del Sur, abundó, “es un ejemplo de corrupción, impunidad y despojo hacia los pueblos indígenas”.

Gonza mencionó que en días recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su conferencia matutina las violaciones a derechos humanos que sufren las comunidades indígenas afectadas por el proyecto Eólica del Sur, instalado sin consentimiento libre, previo e informado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Las violaciones –abundó-- fueron avaladas por un fallo arbitrario de la Primera Sala de la SCJN emitido en noviembre de 2018, que favoreció injustificadamente a la empresa Eólica del Sur, desconociendo los requisitos constitucionales e internacionales para garantizar el derecho a la consulta y a la libre determinación de los pueblos sobre sus territorios.

Ahora los afectados exigen al presidente que exprese su voluntad de resolver este caso de manera inmediata --con la mediación de la CIDH-- y pida una reunión de trabajo.

De igual manera, consideraron que la denuncia pública del presidente, así como la queja presentada formalmente ante la Corte suprema, coinciden con los argumentos de la petición internacional interpuesta ante la CIDH en septiembre de 2019.

La petición resalta la arbitrariedad de la sentencia de la Suprema Corte y busca conseguir reparaciones integrales y la responsabilidad internacional de México por las violaciones al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, derechos de propiedad comunal, otros derechos económicos, sociales y culturales, así como por la obstaculización a la defensa del territorio indígena tanto por agentes del Estado como por las empresas con su aquiescencia y tolerancia.

Asimismo, denuncia la violencia contra defensores del territorio, quienes tienen medidas cautelares de la CIDH por el alto riesgo a su vida, debido a su trabajo de oposición a la instalación de Eólica del Sur en Juchitán.

Los indígenas señalaron que las deficiencias de la sentencia redactada por el entonces ministro José Ramón Cossío Díaz son evidentes, porque en primer lugar ignoró el sentido simple de la palabra “antes” o “previa” para calificar cualquier consulta.

Ello significó que las empresas obtuvieran diversos permisos antes de realizar consulta alguna y firmaron cientos de contratos con individuos en tierras comunales.

Entonces el parque eólico entró en fase de construcción mientras la decisión de la Suprema Corte estaba pendiente, ignorando el deber de consulta también en esa etapa.

En segundo lugar, la sentencia no mencionó que sólo el 1% de la población indígena “aprobó” el proyecto eólico en Oaxaca, que dos informes de expertos --incluido el del exrelator de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya-- confirmaron que la supuesta consulta fue inadecuada, y que los observadores independientes se retiraron del proceso luego de emitir cinco informes detallando las violaciones al carácter previo, libre e informado.

Por ello, los más de mil indígenas zapotecos acudieron a la Suprema Corte después de vivir un acto de corrupción notorio en el en Juzgado Séptimo de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca.

Los indígenas obtuvieron “la suspensión del proyecto Eólica del Sur por falta de consulta previa. Sin embargo, de repente se ‘trasladó’ arbitrariamente al juez Isaías Corona Coronado, quien decidió a favor de las comunidades, reemplazándolo por otro juez que respondía a los intereses empresariales y quien de inmediato levantó la suspensión del proyecto, sin justificativo alguno”.

La SCJN, subrayaron, perdió una oportunidad histórica de protección a los derechos de los pueblos indígenas en una sentencia deficientemente concebida y redactada.

“Y ahora el exministro, desde otras trincheras, llama a que se legisle la consulta para que ‘comunidades de por sí marginadas puedan ser protegidas de los gobiernos y de los capitales con los que funcionarios concretos acuerden los desarrollos’. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de hacer algo por las comunidades indígenas estando en la Corte Suprema se puso del lado del gobierno y la empresa avalando un proceso consultivo viciado de origen”.

De acuerdo con la directora ejecutiva de Global Rights Advocacy, Alejandra Gonza, “el presidente evidenció un problema grave de corrupción, desprotección judicial y reconoció expresamente que el ministro ‘José Ramón Cossío afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer una empresa de energía eólica’. En su calidad de más alto representante del Poder Ejecutivo cuenta con el poder de iniciar de forma inmediata el proceso de reparaciones ante la CIDH, en coordinación con las víctimas”, finalizó.