TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- Afectado emocional y psicológicamente por el proceso arbitrario que sufrió, ahora desde su casa en Tuxtla, el médico Edilberto Méndez Vargas narra el suplicio que sufrió a manos de agentes policiacos del Estado de México que lo detuvieron en la Ciudad de México y lo trasladaron de inmediato al penal de Barrientos en Tlalnepantla.

Edilberto Méndez Vargas y su asistente, el joven Carlos Abarca Guillén, se fueron a la Ciudad de México para asentarse en los límites con el Estado de México, donde puso un centro de atención para pacientes con covid-19.

Era en pleno pico de la pandemia, cuando decidió dejar Chiapas e irse con su equipo de trabajo: llevaba tanques y concentradores de oxígeno, oxímetros, nebulizadores, medicamentos y equipo sanitario para atender pacientes donde más demandaban servicios médicos.

Edilberto no había tenido problemas con su labor, hasta que vía telefónica una persona del sexo masculino intentó defraudarlo, haciendo una presunta transferencia bancaria por la compra de un tanque de oxígeno, luego esa misma persona intentó extorsionarlo y, como no cayó, fue amenazado.

Días después, bajo engaños, presuntos familiares de otro paciente que querían equipo pidieron verlo fuera de su consultorio, adonde llegó, pero fue interceptado por hombres civiles que iban en camionetas, que bajaron fuertemente armados.

Pensó que era un secuestro, pues nunca se identificaron como policías, incluso cuando fue capturado, el grupo que lo detuvo tuvo una discusión con otro grupo de hombres armados que presenciaron su captura.

Se percató que estaba en medio de dos presuntos grupos policiacos, pues uno le reclamaba a otro su captura, al parecer unos del Estado de México y otros de la Ciudad de México.

Lo llevaron a unas oficinas de la Fiscalía General del Estado, en Ecatepec, posteriormente a otro sitio y luego al penal de Barrientos, en Tlalnepantla. Más tarde le dijeron que era responsable del robo a mano armada de un vehículo con tanques de oxígeno y que todos los que poseía eran hurtados.

Aunque siempre negó y buscó probar que todo era legítimo, sus pruebas no fueron aceptadas en un primer momento por el juez de control del penal de Barrientos. Su familia, desesperada, organizó marchas y protestas en Tuxtla, así como frente al penal.

Alegó tener pruebas de que el día que llegó a la Ciudad de México, era una fecha posterior a los hechos que se le adjudicaban de manera arbitraria.   

Expuso que fue sometido a tortura psicológica por los agentes, porque le pidieron prácticamente que se auto inculpara del delito, le dieron a firmar hojas en blanco y otros documentos que no podía leer por el shock que estaba viviendo.

Tras varios alegatos jurídicos de sus abogados, fue liberado bajo fianza y ahora tendrá que probar su inocencia.

Ahora él debe probar que lo que dice es verdad, porque si deja que la Fiscalía pruebe su culpabilidad no duda que le pretenden encuadrar un delito que no cometió.

Temeroso, ahora en su casa, el médico chiapaneco dice que nunca había pasado nada igual, que lloró muchas veces en prisión al sentirse frustrado y víctima de un atropello judicial.