Guanajuato

Familiares de trabajadores de SAPAL fallecidos hace cinco meses exigen respuestas

Familiares de 5 trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) que fallecieron por intoxicación denunciaron que no se han deslindado responsabilidades por la anomalías en la planta de desbaste
jueves, 4 de marzo de 2021

LEÓN, Gto., (apro).- A casi cuatro meses de la muerte de cinco trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), por intoxicación, familiares denunciaron que no se han deslindado responsabilidades por las anomalías que previamente se detectaron en las instalaciones, ni por el percance que causó las muertes.

También revelaron que después de una primera denuncia pública que hicieron a fines del año pasado, la Secretaría del Trabajo realizó una auditoría extraordinaria en la que detectó más de 150 irregularidades en la planta “y, con todo, lamentablemente jamás fue cerrada”.

Los familiares reclamaron que directivos de SAPAL incluso presentaron una versión en la que afirmaban que los empleados solamente iban a limpiar y barrer áreas de la planta, cuando en realidad realizaban reparaciones, además de que en los documentos de finiquito a algunos les pusieron un sueldo menor al que en realidad ganaban y hasta les descontaban el costo de los uniformes.

La noche del 13 de noviembre de 2020, Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, trabajadores del SAPAL, perdieron la vida cuando realizaban labores de mantenimiento en el Módulo de Desbaste, en el que se tratan las aguas residuales de las empresas de la industria curtidora.

El organismo se deslindó de los desperfectos reportados días antes por varios de los empleados --como se demostró en los mensajes telefónicos de uno de los fallecidos--, y ofreció un finiquito laboral a los deudos, sin contemplar indemnización o reparación alguna del daño.

Las familias de Alberto Zúñiga y José Afanador expusieron que han buscado infructuosamente entrevistarse con el alcalde, el panista Héctor López Santillana, así como con el presidente del consejo del Sistema de Agua, Jorge Hernández, y hasta con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Juan de Dios Hernández Araiza, representante legal de las familias, señaló que funcionarios de SAPAL dejaron pasar hasta 20 días antes de ponerse en contacto con los deudos, y se negaron a cubrir alguna indemnización hasta que se tenga el resultado de la investigación del Ministerio Público y, en su caso, se determine alguna posible responsabilidad en un juzgado.

A fines de febrero, tres meses después del percance, en la Fiscalía General del estado les dijeron que todavía no habían concluido las investigaciones.

En una conferencia de prensa convocada por la asociación civil ambientalista Acción Colectiva, su director, Gustavo Lozano, recordó que antes de que ocurriera el accidente, la organización había evidenciado públicamente anomalías en el funcionamiento de la planta de desbaste que sirve para tratar el agua residual de la industria curtidora.

Acción Colectiva incluso presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), misma que evidenció desacuerdos entre SAPAL y la empresa Ecosys III, que entonces operaba el sistema de saneamiento, debido a que la industria curtidora envía agua con numerosos residuos no previstos en los acuerdos para el saneamiento.

SAPAL asumió el manejo de la planta de desbaste y dejó fuera a Ecosys III. Después vino la muerte de los cinco trabajadores.

Gustavo Lozano afirmó que lo ocurrido “pudo evitarse si el SAPAL hubiera realizado una transición ordenada para tomar el control y dirigir la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales (PTAR) y su Módulo de Desbaste (MD) y si, en cumplimiento a sus obligaciones, hubiera capacitado a sus trabajadores y observado los protocolos de seguridad laboral correspondientes”.

En la rueda de prensa efectuada ayer, las familias estuvieron acompañadas por el maestro en Ciencias Forenses Enrique Pérez Ramos, quien en un análisis del dictamen de necropsia de algunos de los fallecidos --obtenido de la carpeta 106048-- expuso posibles omisiones o negligencia de peritos de la Fiscalía que no habrían embalado adecuadamente ni los cuerpos ni la ropa de los fallecidos.

Peor aún, dos páginas del protocolo de necropsia no aparecen en el documento que forma parte de la carpeta de investigación.

“Las muestras del tejido necesarias para los exámenes posteriores y realizar una determinación concluyente nunca fueron tomadas por los médicos legistas. El levantamiento del cadáver es la prueba clave en muerte de este tipo: la deben realizar el perito investigador y el médico legista presentes en el escenario, (pero) en este caso el levantamiento del cadáver lo hizo el chofer del Servicio Forense”, criticó el experto.

A los peritos “no les interesó dar fe de la pérdida de la vida” de estos trabajadores, abundó Pérez Ramos. “Jamás se tomaron muestras de tejidos y otras partes del cuerpo que en el dictamen de necropsia ni se mencionan”, para realizar análisis que determinen qué sustancias fueron las que causaron el envenenamiento de los cinco empleados de SAPAL.

Algunos familiares de dos de las cinco víctimas, entre ellos la viuda de José Salvador, se mostraron indignados porque han constatado que en la carpeta “ni siquiera fueron a la planta de tratamiento a tomar una foto, no se tomaron nada en serio”.

Subrayaron: “Se ha tratado más de tapar que darnos algo claro sobre lo que pasó…Ya nos tenían las carpetitas donde decía que había sido un accidente y que no emprenderíamos ninguna acción”.

“Hasta la ropa me dieron de mi hijo, porque no tenían planes de hacer ninguna investigación. No se ha abierto el celular de mi hijo para que vean toda la información que tenía”, expuso el padre de uno de los trabajadores. “Está claro que todo está enfocado para ayudar a SAPAL”.

Ayer, después de la conferencia de prensa, el organismo divulgó un comunicado en el que afirmó que está colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos del 13 de noviembre pasado y que, además de “dar seguimiento a los procesos administrativos de apoyo a los familiares”, acordó otorgar un apoyo extraordinario “a fin de atender las necesidades más inmediatas de los deudos, así como la cobertura de sus gastos funerarios y el soporte de un especialista en tanatología a quienes lo consideraron necesario”.

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