Baja California

Intromisión de Bonilla en Sistema Anticorrupción de BC; intenta encarcelar a secretario técnico

Por lo pronto, el secretario técnico del SAE, Luis Irineo, acudirá a un Juzgado de Distrito para solicitar un amparo, por considerar una “injerencia” y abuso de poder del gobierno de Jaime Bonilla.
miércoles, 14 de abril de 2021

MEXICALI, BC (apro).- Incómodo desde su creación, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) recibió hoy un golpe más de parte del gobernador Jaime Bonilla, quien pretendió encarcelar al secretario técnico, Luis Irineo, luego de que éste se negó a que se realizara una auditoria desde el gobierno.

A las 10 de la mañana los funcionarios estatales Mario Alzate Cruz y Luis Athié Núñez, subsecretario de la Secretaría de Honestidad y Función Pública y director de enlace entre el gobierno y el organismo, respectivamente, llegaron al SEA acompañados de policías municipales. Anunciaron que practicarían una auditoria e incluso señalaron que desde ayer se les notificó la acción.

A través de la directora administrativa, el secretario técnico, Luis Irineo, les dijo que “se les respondería por escrito en dos días”, y las autoridades amagaron con privarlo de la libertad.
    
“¡Vamos a pasar con la fuerza pública a detenerlo (al secretario técnico), lo vamos a llevar en carácter de detenido!”, advirtieron ambos funcionarios.
    
De inmediato, Irineo, quien además es abogado, exigió que exhibieran la orden de un juez. Señaló que, al no contar con ella, “de inmediato sacaron otro documento, en ese mismo momento, donde se me destituye para que no entorpezca las investigaciones”.

Se explicó a las autoridades que no tienen facultades para auditar al organismo, ya que, de acuerdo con la Ley del SEA, la única figura que puede hacerlo es el “órgano de control” que debe ser designado por el Congreso local.

Justamente por tratarse de un organismo descentralizado, y para evitar la injerencia del Poder Ejecutivo, que es a quien se vigila para que no incurra en actos de corrupción, los diputados locales crearon la figura del “órgano de control”.
    
Sin embargo, Morena, que tiene mayoría en el Congreso local, no ha nombrado hasta ahora al titular de dicho ente, de manera que quien audita al SEA es la Auditoria Superior del Estado. Así ocurrió en los años 2019 y 2020, tiempo de vida del Sistema Anticorrupción.
    
“Se trata de que ninguna autoridad del Poder Ejecutivo participe en la revisión y con ese pretexto pretenda injerir en el organismo. Se estableció la figura del ‘órgano de control’ justo para evitar que se entrometa en la vida del SEA”, detalló Luis Irineo en entrevista.

Por separado, los funcionarios estatales que acudieron a realizar la auditoria aseguraron que sí tienen facultades y que la “resistencia” del SEA les “genera dudas” sobre el manejo de los recursos.

Además, mostraron la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y consideraron que ella los faculta para intervenir. Del lado del organismo sostienen lo contrario.

Lo que no dijeron las autoridades es que el destino del recurso que auditarán no existe. Y la razón es que hasta el momento el SEA no ha recibido un solo peso de los 12 millones que le corresponden para este año, debido a que los mismos diputados de Morena añadieron un artículo transitorio, en diciembre de 2020, al aprobar dichos recursos. 
    
En tal artículo se condiciona la entrega del dinero a que sesione el SEA, sin embargo, éste no ha podido hacerlo desde el 21 de marzo de 2020, debido a que los representantes del gobierno de Jaime Bonilla no han acudido, evitando con ello la constitución del quórum.
    
Así, la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado no ha entregado un solo peso al SEA. Y por lo que respecta al gasto de los dos años anteriores, 2020 y 2019, la Auditoria Superior del Estado es la que ha hecho las revisiones.

¿Por qué no sesionan?

Desde su constitución, el SEA no ha aprobado recomendación alguna. La primera fue elaborada en diciembre de 2019 y se buscaba que en enero se avalara, sin embargo, los funcionarios estatales no acudieron a la sesión.
    
Dicha recomendación contenía dos puntos centrales: la entrega de dos notarías a la familia del exgobernador priista Xicoténcatl Leyva Mortera (operador político de Jaime Bonilla al inicio de su gestión, 2019) y el caso de los moches que futuros funcionarios de Bonilla solicitaron a empresarios durante el periodo de transición, a cambio de posibles contratos de proveeduría para el gobierno.
    
Aunque el SEA no puede investigar moches, malos manejos o entrega de notarías, sí cuenta con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto; ello a través de un convenio de “vinculación”, es decir, los hechos sobre los que se pronuncia el SEA tienen que se indagados por la UIF.
    
Desde enero pasado, fecha en que se aprobarían las recomendaciones antes mencionadas, el gobierno de Bonilla determinó no enviar a sus autoridades y con ello hizo el vació al SAE; luego, en marzo de 2020, la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, acudió a la sesión, pero para pedir que no se volviera a reunir el SAE hasta que no resolvieran algunos temas jurídicos. 

Y hoy, funcionarios que dependen de ella acudieron al SAE a realizar una auditoria y reclamar que los integrantes ciudadanos no han acudido al llamado para sesionar.

Por lo pronto, el secretario técnico del SAE, Luis Irineo, acudirá a un Juzgado de Distrito para solicitar un amparo, por considerar una “injerencia” y abuso de poder del gobierno de Jaime Bonilla.

Palabra del Lector

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, S.A. DE C.V
Y/O “REVISTA PROCESO”
PRESENTE.-

Por este conducto, por nuestro propio derecho, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Av. Sebastián Lerdo de Tejada y Calle “E” No 1276, Colonia Nueva, Mexicali, B.C., y con fundamento en el artículo 6 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 9, y 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho de Réplica, venimos a solicitar el derecho constitucional de réplica en relación a la nota publicada en sus distintas plataformas (página web, periódico, etc.) el día 19 de abril de 2021, la cual tituló de la siguiente manera: “Intromisión de Bonilla en Sistema Anticorrupción de BC; intenta encarcelar a secretario técnico”.

Para tal efecto, me permito señalar los hechos objeto de aclaración:

  • El supuesto intento de arresto por parte de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, el 14 de abril de 2021.

Texto con las aclaraciones respectivas por el que se rectifica la información replicada:

  • Aunado al presente, se anexa texto con las aclaraciones respectivas, las cuales rectifican la información que se replica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y sin otro particular, se solicita:

ÚNICO.- Respetar el derecho constitucional de réplica de los suscritos y precisar fecha para la publicación periodística mediante la que habrá de divulgarse la información aclaratoria respecto a la publicada en sus distintas plataformas a su cargo el 19 de abril de 2021.

LIC. LUIS ATHIE NÚÑEZ OLIVA

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (RÚBRICA)

MTRO. MARIO ALZATE CRUZ

SECRETARIO DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA

(RÚBRICA)

 

TEXTO DE LAS ACLARACIONES RESPECTIVAS POR EL QUE SE RECTIFICA LA INFORMACIÓN REPLICADA

Es importante señalar, que el artículo 27 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, en su último párrafo establece que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, actualmente Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), del Ejecutivo Estatal, tiene como atribuciones el control y fiscalización al interior de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), respecto de las siguientes materias:

I. Presupuesto.

II. Contrataciones derivadas de las leyes en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

III. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles.

IV. Responsabilidades administrativas de Servidores públicos.

V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia.

En tal sentido, con base en las atribuciones legales mencionadas, se realizaría la auditoría a la SESEA en fecha 13 de abril de 2021; sin embargo y ante la reiterada negativa de su Secretario Técnico de la SESEA, Luis Ramón Irineo Romero, el personal de la Dirección de Auditoría Gubernamental e Investigación de la SHFP, solicitó el apoyo a la Fiscalía Regional de Mexicali, dependiente de la Fiscalía General del Estado, así como a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que, en caso necesario, auxiliaran al personal que llevaría a cabo la diligencia, para el acceso a las instalaciones de la SESEA y levantar el acta de inicio de auditoría.

Así, el día 14 de abril de 2021, aproximadamente a las 10:00 horas, el Encargado de Despacho de la Dirección de Auditoría Gubernamental e Investigación, el personal que llevaría a cabo la auditoría, el Subsecretario de la Honestidad y la Función Pública, así como el Titular de la Unidad de Vinculación de la SHFP con el Sistema Estatal Anticorrupción, en calidad de testigos de asistencia, se presentaron de nueva cuenta en la instalaciones del organismo para intentar iniciar la referida auditoría.

La anterior comparecencia, apoyada con el auxilio de la fuerza pública, siendo la policía municipal quien arribó a las instalaciones de la SESEA aproximadamente a las 10:15 horas del día en referencia, sin embargo, la Directora de Administración y Servicios de la SESEA, por instrucciones de Luis Ramón Irineo Romero, de nueva cuenta no permitió el acceso a las instalaciones, aun cuando éste último se encontraba en el interior de las oficinas.

Fue así que ante la reiterada negativa por parte del funcionario señalado, la SHFP, tuvo que ejercitar medidas preventivas para que prevaleciera el orden en las diligencias a practicar de acuerdo a lo establecido en los artículos 3 fracción II y 97 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.

Al respecto, es importante hacer constar que el apoyo solicitado a la fuerza pública fue para garantizar el acceso del personal para la ejecución de los trabajos de auditoría, ante la reiterada negativa del funcionario de nombre Luis Irineo Romero. Así también, es importante señalar que, de haber permitido el funcionario la ejecución de la auditoría no hubiera sido necesaria la intervención de los elementos de la policía municipal, haciéndose la aclaración que finalmente, aproximadamente a las 11:15 horas del mismo día, el funcionario se retiró de las oficinas de la SESEA.

Por último, se hace constar que no fue sino hasta las 11:20 horas de esta última fecha 14 de abril de 2021, el personal llevó a cabo la diligencia correspondiente, levantando el acta de inicio de auditoría, misma que fue firmada, bajo protesta, por la Directora de Administración y Servicios de la SESEA.

En consecuencia a todo lo narrado anteriormente, se reitera categóricamente, que el actuar del personal de la SHFP en todo momento fue dentro del marco de la ley.

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