CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Concejales de las comunidades indígenas de Nahuatzen en Michoacán exigieron al gobierno estatal el respeto a su libre autodeterminación y a las formas en las que han decidido organizarse.

Durante la presentación del informe “Hicieron sonar las campanas” que realizaron la asociación Serapaz, el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, y la Brigada Marabunta en el marco del último proceso electoral, los concejales recordaron las razones por las que decidieron tomar los cargos públicos de sus territorios.

Dayana Capiz Torres, comunera del municipio, recordó que el proceso de autodeterminación lleva casi seis años e inició cuando la comunidad decidió sacar a los grupos delictivos que empezaron a apropiarse de sus tierras y a suscitar situaciones de inseguridad como secuestros y homicidios a comuneros.

Además, comentó que los ayuntamientos solamente tomaban ese lugar para beneficiarse unos cuantos y siempre los mismos. “Creímos que ya era justo y necesario que más personas de la comunidad tuvieran oportunidades, desde la juventud” que ahora también tiene voz en las asambleas.

“No ha sido fácil, se han presentado momentos complicados. Hemos tenido personas heridas de bala, actualmente dos concejales de la comunidad están privados de su libertad y dos de ellos tienen orden de aprehensión”.

El concejal Jorge Acuni Rueda, señaló que los representantes de este sistema han sido hostigados aproximadamente desde el 2015 por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien, acusó, ha reprimido a la comunidad por medio de la fuerza pública.

“Nosotros en su momento le hicimos muchas peticiones para que dejara que Nahuatzen se rigiera por usos y costumbres, y él claramente en una de sus ruedas de prensa comentó que no iba a haber otro Cherán, y desde ese momento decidió reprimirnos más”, relató.

Acuni Rueda aseguró que su autogobierno sacó al crimen organizado de la comunidad, sin embargo, el gobernador logró que regresara, por lo que han recibido amenazas de muerte directas de estos grupos coludidos con el ayuntamiento, mientras que el territorio presenta una devastación importante de sus bosques debido al cambio de uso de suelo para la siembra de aguacate.

Las organizaciones relataron que en las últimas dos décadas la producción de aguacate en Michoacán ha tenido un aumento considerable “bajo la lógica de conseguir la tierra al costo que sea”.

Desde entonces las comunidades han denunciado el saqueo ilegal de los bosques, así como quemas e incendios provocados en los lugares deforestados para ofrecer a los propietarios de la tierra arrendar sus terrenos para la siembra de aguacate.

“Las comunidades indígenas exigimos el respeto a nuestra libre autodeterminación. Él ya va de salida (Silvano Aureoles), llega un nuevo gobierno, que esperemos tome esa responsabilidad hacia nuestras comunidades”, insistió América Huerta Espino, ex concejal de Nahuatzen.

Huerta Espino, recordó que en 2018 no permitieron la instalación de las casillas para la elección del presidente municipal. Sin embargo, después del asesinato de David Otlica, el congreso del estado les impuso a Mayra Morales.

Carla Ríos, integrante de Serapaz, comentó que una de las mayores exigencias que encontraron cuando hablaron con las comunidades fue la exigencia al respeto de los tiempos y procesos de las comunidades, así como en las diferentes formas que han decidido organizarse, que no siempre son iguales a las de una elección.

Efraín Avilés Rodríguez, comunero del municipio, relató que en días previos a las asambleas del 12 y 23 de mayo del Consejo Ciudadano, así como durante el día de las elecciones se presentó una gran cantidad de efectivos de seguridad que no permitió que las actividades del Consejo se realizaran con normalidad.

En el marco del proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 6 de junio, las organizaciones civiles realizaron una Misión de Observación Civil en Michoacán para conocer el ejercicio de la Libre Determinación en las comunidades de la Meseta Purépecha.

Para esto visitaron 11 comunidades de los municipios de Nahuatzen, Paracho, Quiroga, Charapan, Ziracuaretiro y Pátzcuaro para entrevistar a los representantes de los pueblos originarios el 5, 6 y 7 de junio pasados.

La Misión Civil de Observación documentó que al menos 26 comunidades impidieron la instalación de casillas de votación y optaron por nombrar los cargos públicos a través de Asambleas con sus propios tiempos y determinaciones.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), 100 casillas no se instalaron en la entidad, 89 de ellas situadas en territorio de pueblos originarios. Además, alrededor de 53 mil electores determinaron no participar en las elecciones en comunidades de los municipios de Zitácuaro, Charapan, Cherán, Nahuatzen, Paracho, Quiroga, Tingambato, Ziracuaretiro y Uruapan.

El caso de Nahuatzen, Arantepacua, Sevina y Turícuaro se mantuvieron en contra de la instalación de casillas, mientras que la cabecera permitió que se llevará a cabo el proceso, luego de someter la decisión al consenso de la comunidad para evitar la confrontación y caer en actos de violencia.

Las comunidades de Turícuaro, San Felipe de los Herreros, Pichátaro, Aranza y Cherantzincuin se mantuvieron en alerta, mientras que en Arantepacua se quemó un vehículo en el entronque carretero de Nahuatzen y Cherán, como manifestación de rechazo a los partidos políticos y para recordar sus demandas de justicia ante la masacre ocurrida el 5 de abril de 2017.

Los relatores subrayaron que la mayoría de las comunidades originarias evitó que se suscitaran actos de violencia en contra de los electores que participaron activamente en el proceso electoral de 2021, directamente en sus comunidades o en casillas especiales de localidades cercanas.